El juicio que se celebra en España en contra del exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano por su presunta responsabilidad en el asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989 debe ser un ejemplo para que en El Salvador se juzgue a los responsables de crímenes de guerra, dijo este lunes a Efe el abogado Arnau Baulenas.
La Audiencia Nacional de España juzga desde hoy al excoronel Montano por participar supuestamente en «la decisión, diseño o ejecución» del crimen.
El antiguo alto mando será el primer militar salvadoreño que responderá ante la Justicia española por el asesinato de los cinco religiosos, entre ellos Ignacio Ellacuría, que era en aquel momento rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación.
«El juzgamiento en contra de Montano lo que pone de manifiesto es que, a pesar de los años, se termina llevando a las personas a la justicia y, por tanto, creo que esto debe de ser ejemplo para que en El Salvador se comience a abrir casos y se lleven a la justicia», señaló el abogado español.
El también coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) apuntó que, aunque solo se esté juzgando a Montano, «de este juicio van a salir elementos que permitan tener un panorama un poco más claro de lo que sucedió a nivel de autoría intelectual en esta masacre».
El letrado indicó que en España se ha trabajado «muy bien» en el caso y «creo que por tanto la Fiscalía (de ese país) tiene los elementos suficientes para que exista una sentencia condenatoria en contra de Montano».
«Si bien es cierto que el juicio es solo en contra de Montano, hasta cierta medida se podrán esclarecer circunstancias generales del asesinato (…). Sin duda no se podrá declarar responsables a todas las personas involucradas, pero esto es algo significativo», acotó.
Baulenas lamentó que en El Salvador, hasta el momento, no se haya condenado a los demás responsables de dicha masacre debido, según él, «a la complicidad de las instituciones con el afán de proteger a los autores intelectuales».
«Espero que este proceso en España sirva para impulsar el proceso que tenemos acá (…) el tiempo no cierra las heridas, no sana y no subsana, es necesario que los autores sean declarados responsables porque no puede haber perdón sin saber la verdad judicial de los hechos», agregó.
El caso
Los militares acusados por el crimen son los generales en retiro Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, el difunto René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano.
El abril de 2018, el Juzgado Tercero de Paz declaró la «nulidad absoluta» del sobreseimiento de seis militares y del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), también señalado, y desechó las «excepciones» presentadas por los defensores de «cosa juzgada» y «falta de acción».
Esta resolución judicial se dio en respuesta a la petición del Idhuca en 2017 de reabrir el proceso por la anulación de una ley de amnistía por una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de julio de 2016.
Sin embargo, el proceso en El Salvador se encuentra estancado en la Corte Suprema, que ha retardado en resolver una recusación contra un juez de la Sala de lo Penal de este mismo órgano.
Dicha sala tiene en su poder un recurso de casación de los abogados de los militares señalados como autores intelectuales, con el que buscan anular el proceso.
El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.
Optimismo
La Compañía de Jesús de Centroamérica y la UCA se han mostrado optimista ante el comienzo del juicio contra Montano y han señalado que esperan que la vista pública «permita revelar la verdad sobre este crimen que conmovió al mundo entero».
«Nuestro deseo es que dada la falta de voluntad política en El Salvador para resolver este crimen, la Justicia universal contribuya a que funcione el sistema de justicia salvadoreño, por lo que hemos trabajado durante años y seguiremos trabajando independientemente del resultado del juicio en la Audiencia Nacional», señalaron.
Agregaron que «conocer la verdad de lo que pasó en este y otros casos será un bien para El Salvador, contribuirá a la Justicia para las víctimas, constituirá un paso transcendental en el proceso de reconciliación y dará paz incluso a los mismos victimarios».