La Fiscalía General de la República (FGR) investigará contra las personas y las instituciones que desobedezcan la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró ilegal la prolongación de la cuarentena domiciliaria.
A través de sus cuentas de redes sociales Raúl Melara, fiscal general, advirtió: “Nuestra misión es asegurarnos que nadie incumpla lo ordenado; y si esto sucede, actuar de manera inmediata en contra de los infractores”.
Además, instó a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de Nayib Bukele a trabajar juntos para crear una ley que resguarde la vida y el resto de derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Nuevamente, la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo tienen la oportunidad y la obligación de ponerse de acuerdo para emitir una ley que vele por la salud y respete los derechos fundamentales de los salvadoreños”, publicó.
Este día la Sala declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo número 29 que prolongó la cuarentena domiciliaria sin oportunidades de reapertura económica, salvo algunos casos relacionados con la construcción y la elaboración de alimentos.
Los magistrados señalaron que el Ministerio de Salud no tiene facultades para suspender los derechos fundamentales de los ciudadanos, específicamente los relacionados con la vida económica y social así como el libre tránsito.
Asimismo, advirtieron que la pandemia de coronavirus no puede ser justificante para irrespetar la Constitución, el derecho internacional y la misma jurisprudencia de la Sala.
El decreto, sin embargo, se mantendrá vigente durante cuatro días más, por tanto, seguirán en pie las restricciones ya señaladas y otras como la paralización del transporte colectivo y las restricciones para realizar compras en supermercados y farmacias.
El decreto ejecutivo número 29 surgió después que el presidente Bukele se negara a recibir la ley de emergencia aprobada la noche del pasado sábado, con 56 votos a favor, por los diputados de la Asamblea Legislativa.
En los siguientes cuatro días, además, se mantendrán cerrada la generalidad del comercio, pero podrán seguir funcionando las ferreterías y establecimientos similares relacionados con el rubro de la construcción y para que el grueso de los ciudadanos pueda comprar herramientas con las que reparar los daños a sus viviendas provocados por las depresiones tropicales Amanda y Cristóbal.
La sentencia de la Sala tiene como uno de sus principales antecedentes el desencuentro entre diputados y el Gobierno de Bukele que no pudieron acordar una fecha para el reinicio de las actividades económicas.
Hoy, sin embargo, vuelven a estar obligados a acordar una fecha.