La fractura de un pacto entre la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) y el Gobierno de El Salvador por la repartición de un bono estatal por la pandemia del COVID-19 puede estar detrás de la escalada de asesinatos que el país registró a finales de abril, dijo a Efe la experta en temas de seguridad Jeannette Aguilar.
Datos oficiales indican que entre el 24 y el 30 de abril pasado se registraron al menos 90 asesinatos, lo que supone una media diaria de aproximadamente 13 homicidios, lejos de índices de un dígito registrados en meses anteriores.
El presidente del país, Nayib Bukele, atribuyó el alza a órdenes giradas por líderes de pandillas presos, por lo que ordenó extremar el régimen de seguridad en las prisiones con pandilleros y sellar las celdas de 16.000 miembros de estas estructuras.
Además, habilitó a los miembros de los cuerpos de seguridad a utilizar la «fuerza letal» para controlar el alza.
«Hay un tema que ha sonado muy fuerte y se va constatando en algunos territorios y es que hubo un malestar en la MS13 o en una facción de la MS13 por la manera en que se distribuyeron los 300 dólares por parte del Gobierno», sostuvo Aguilar.
Se trata de un bono que el Gobierno comenzó a repartir a finales de marzo a más de 1,5 millones de hogares para la compra de alimentos y medicina, lo que constituyó la principal medida de alivio económico para los trabajadores frente a la cuarentena.
Señaló que «la hipótesis detrás de esto» es que se pudo «haber comprometido fondos para beneficiar a ciertos sectores de la pandilla y que eso no se ha hecho de manera satisfactoria para ciertos grupos de la MS13».
Bukele aseguró el pasado 28 de abril que algunos grupos de la MS13, la más numerosa en el país, seguían «activos» en la escalada de asesinatos.
Un día antes, el mandatario dio por cierto un video en el que supuestos portavoces de la pandilla Barrio 18, facción Sureños, se desvincularon del alza. No obstante, la experta apuntó que «es difícil hacer afirmaciones contundentes en un contexto donde pueden estar confluyendo varias cosas».
Aguilar no descartó la posibilidad de que en medio de las jornadas violentas, cuyo pico se dio el viernes pasado con 24 asesinatos, estuvieran actuando grupos de exterminio.
«No quisiera dejar de señalar la sospecha de que en esta racha de homicidios puedan estar detrás otras estructuras criminales, por ejemplo, grupos de exterminio», apuntó.
Las autoridades de seguridad salvadoreñas han desarticulado en el pasado grupos de policías y soldados que supuestamente se dedican a asesinar pandilleros, principalmente en el oriente del país.
Apuntó que en los homicidios del sábado pasado se dieron asesinatos, según detalles divulgados por los medios de comunicación, con «perfil de eventuales pandilleros» o «colaboradores de pandillas».
Tampoco descartó que «estas agrupaciones se hayan activado en la línea de generar una situación de mayor alarma» y «justificar el recurso del exterminio».
Para Aguilar esta reciente escalada de muertes violentas también demuestra la «fragilidad» de la política de seguridad del Ejecutivo de Nayib Bukele, que busca «generar un impacto en la opinión pública» y no «encarar los factores asociados al crimen».
«Lo que constatamos con esto es que no hay ningún control territorial» y «hay un poder fáctico en los territorios que sigue ejerciendo el control», subrayó.
Recalcó que «hay un mensaje claro que está enviando la pandilla al Gobierno de que siguen teniendo el control».
Explicó que en el pasado las pandillas usaron las alzas de asesinatos como moneda de cambio para negociar prebendas o como manifestación de descontento por la falta de cumplimiento de acuerdos.
«Si es cierta la hipótesis de los ofrecimientos de dinero, esto se ubica precisamente en el contexto de un eventual acuerdo entre las tres principales pandillas y el Gobierno para bajar los homicidios», dijo y agregó que «se señala que hay descontentos en estas estructuras por el no pago de una serie de beneficios económicos que se habían comprometido».
El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por las tasas de 103 y 36 homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2019.
El Gobierno de Bukele ha destacado que durante sus primeros meses se han alcanzado en meses puntuales las cifras más bajas de homicidios desde que terminó la guerra civil (1980-1992).