El Salvador
lunes 18 de noviembre de 2024

PDDH se pronuncia contra prohibición de transporte público y otras medidas

por Redacción


El procurador recomendó al ministro de Salud, Francisco Alabi, abstenerse de “emitir normativa que exceda las facultades concedida en la ley”.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), José Apolonio Tobar, se pronunció este jueves en contra de algunas de las medidas establecidas en el Decreto Ejecutivo 22, el cual, entre otras cosas, prohíbe el transporte público de pasajeros.

“He observado algunos puntos en el Decreto Ejecutivo 22 que me causan preocupación, pues establecen una restricción a la libertad individual de las personas”, expresó el funcionario a través de un comunicado.

Apolonio señaló una serie de contradicciones en las medidas que el gobierno implementó a partir de este jueves. Por ejemplo, señaló que el gobierno ha prohibido a las personas que salgan de sus casas sin mascarillas.

“Esto afectará a las personas de escasos recursos que no poseen los medios para procurarse un barbijo (mascarilla), y además no existe un programa gubernamental de entrega gratis a la población de equipo de protección”, indicó.

Por otra parte, Apolonio criticó que el gobierno haya prohibido el transporte público, pues, aunque las personas están habilitadas para ir a los mercados, la gran mayoría no podrá desplazase a ellos.

Además, el procurador mostró su desacuerdo en que las personas que no tengan Documento Único de Identidad (DUI) solo podrán salir de sus casas con una certificación del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

“Eso es una carga extra pues en general son los más empobrecidos quienes no lo poseen, y si no hay transporte público, ¿cómo irán a tramitar esa certificación?”.

El procurador también se pronunció en contra que las personas que anden sin mascarilla y sin DUI sean llevadas a centros de contención. Eso, dijo, constituye una “privación de libertad”.

Finalmente, Apolonio recomendó al ministro de Salud, Francisco Alabi, abstenerse de “emitir normativa que exceda las facultades concedida en la ley”.