La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) confirmó que durante la cuarentena domiciliar decretada por la emergencia sanitaria por COVID-19 ha recibido y atendido 1,515 casos de vulneraciones de derechos humanos.
De esas 1,515 denuncias, un tercio (549) representan casos de vulneración del derecho a la libertad personal, o sea, los vinculados a detenciones por incumplir la cuarentena domiciliar.
Este último reporte de la PDDH -que abarca desde el 21 de marzo, cuando el presidente Nayib Bukele ordenó el régimen de aislamiento domiciliar, hasta el 13 de mayo pasado- también se refiere a denuncias por falta de acceso a alimentos.
En ese sentido, la Procuraduría reporta 152 denuncias sobre derechos al agua, alimentación y no discriminación , lo que implica la falta de estos insumos vitales así como situaciones de exclusión y abuso.
La situación económica y alimentaria de muchas familias a nivel nacional se ha visto comprometida tras la implementación de nuevas restricciones a la circulación, cierre de mercados por parte de alcaldías y la suspensión del transporte público, a lo que se suma la restricción de empleados informales.
Dicha situación alimentaria se ha puesto de manifiesto en los últimos días, con diversas pancartas colocadas a la entrada de colonias y barrios, como el Modelo, de San Salvador, en donde sus habitantes denunciaron que ya no tienen qué comer.
Las denuncias también indican que otro de los derechos que la población considera que se ha violentado es el de la salud, sobre todo a las personas que permanecen en centros de contención. Estos denuncian falta de pruebas de COVID-19 o falta de atención médica por otro tipo de enfermedades (331 casos).
Además, hay 209 denuncias relacionadas al derecho al trabajo, las cuales comprenden falta de insumos para protección laboral, falta de pago de salarios y prestaciones, entre otros, según señala la PDDH.
Finalmente, el derecho al acceso a la información registra 177 denuncias, según los datos de la Procuraduría. Estos son los relativos a la negativa de entrega de resultados de pruebas de coronavirus y otras medidas estatales.
El Salvador reporta hasta la noche del jueves 1,210 casos de coronavirus, de los cuales 23 han fallecido y otros 771 permanecen activos.
Durante la emergencia sanitaria, el Gobierno decretó una cuarentena domiciliar obligatoria desde el 21 de marzo y ha endurecido las medidas para evitar la propagación de contagios y ha dejado en las fuerzas policiales y militares la detención de personas que infrinjan el aislamiento domiciliar.
Además, desde la semana pasada el Ejecutivo ordenó la suspensión del servicio de transporte público y restringió la circulación de personas para abastecerse de alimentos mediante un horario determinado por el último dígito del documento de identidad (DUI).
Asimismo, denuncias de personas en centros de contención han puesto en duda las condiciones con las cuales se mantiene a los albergados, quienes han exigido que se les realice la prueba de coronavirus o que se les entregue su resultado.