El caso estaba entrampado. Nadie quería hacerse cargo. Los jueces de sentencia alegaban que el proceso contra el exempresario Enrique Rais y el exfiscal Luis Martínez debía ser resuelto por un tribunal especializado por tratarse de una estructura de crimen organizado. Pero los abogados defensores apelaron ante una cámara de lo penal y el caso fue regresado a tribunales ordinarios.
Las diferencias comenzaron en enero de 2019, cuando el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador se negó a juzgar el caso Rais-Martínez porque consideraba que había indicios de crimen organizado.
Fue por eso que el caso fue enviado al Juzgado Especializado de Sentencia B. Pero los abogados defensores apelaron ante la Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador y el proceso fue enviado al Tribunal Tercero de Sentencia. Pero este último tribunal también se negó a resolver el caso: alegó lo mismo que el Tribunal Primero de Sentencia.
Y, entonces, el caso pasó al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ahí, los magistrados decidieron, el pasado 16 de abril, que el Tribunal Tercero de Sentencia sea el encargado de procesar la estructura Rais-Martínez.
Los magistrados de Corte Plena establecieron que el juicio se debe realizar del 1 al 25 de septiembre de 2020.
Una largo recorrido
El caso inició cuando la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación en el Juzgado Séptimo de Paz el 26 de agosto de 2016. Posteriormente el caso pasó al Juzgado Séptimo de Instrucción pero la jueza interina Evelyn Jiménez rechazó conocerlo porque había autorizado las escuchas telefónicas en las que Rais y sus cómplices presuntamente coordinaban los sobornos y otros planes para afectar a sus enemigos.
En los siguientes meses el caso pasó a manos del Juzgado Octavo de Instrucción pero los abogados defensores del fugitivo Enrique Rais, que según Revista Factum está escondido en Suiza, recusaron al juez encargado. Eso provocó que todo el expediente judicial fuera enviado al Juzgado Noveno de Instrucción.
Pero nuevamente el juez encargado del Noveno de Instrucción fue recusado y la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador mandó el expediente al Juzgado Segundo de Instrucción.
El Noveno de Instrucción, sin embargo, dijo que el Órgano Judicial se enfrentaba a una estructura de crimen organizado y que lo evidente era que un juzgado especializado se encargara.
El caso llegó a sentencia y ahí sucedió otro entrampamiento que terminó resolviendo Corte Plena.
Caso Rais-Martínez
La Fiscalía ordenó la captura de Enrique Rais, en agosto de 2016, por encabezar una red de corrupción judicial, en la que jueces, fiscales y abogados estaban a su servicio para garantizarle impunidad y perseguir a sus enemigos empresariales.
Por este caso recibió medidas sustitutivas al arresto en agosto de 2016. Pero cinco meses más tarde una Cámara anuló la decisión judicial y ordenó su regreso a prisión. Sin embargo, Rais ya se había fugado.
El caso contra la red que lideraban Rais y Martínez está basado en escuchas telefónicas grabadas desde 2014. Estas iniciaron con la intervención de conversaciones entre el entonces juez Aurora Giammattei y Ernesto Gutiérrez, abogado de Enrique Rais.
El requerimiento que sustentó la acusación contra la red sostiene que la Fiscalía interceptó 27 conversaciones entre Giammattei y Gutiérrez, en las que convenían la presentación de un caso en el que Rais acusaba de amenazas con agravantes a Claudia Herrera, demanda que fue interpuesta el 26 de septiembre de 2014.
El 22 de octubre, Claudia Herrera, esposa de Mario Calderón (exabogado de Rais), fue capturada y acusada por amenazas agravadas en contra de Enrique Rais.
Las conversaciones entre Giammattei y Gutiérrez continuaron, ya que el requerimiento no había sido llevado a tribunales de justicia. El 24 de octubre, el abogado de Rais explicó al juez que no se había podido entregar el requerimiento porque “El Uno” (Luis Martínez) no había podido salir con el asunto, pero que estaban preparando un buen documento.
Ya con Herrera bajo un proceso judicial, la Fiscalía detectó el 5 de marzo de 2015 una conversación entre Gutiérrez y Rais para coordinar un falso peritaje psicológico con el que reforzarían la acusación contra Herrera.
La idea era hacer parecer que Rais había sufrido daños psicológicos a raíz de las amenazas con agravantes.
Gutiérrez le recordó a Enrique Rais que para ello había que pagar una «dosis» (soborno de $5 mil) al psicólogo de Medicina Legal, Néstor Recinos, para que alterara el peritaje a su favor.
Sigfredo Campos Crespo, jefe del Centro de Intervenciones Telefónicas, tuvo conocimiento de estas conversaciones, pero según órdenes del entonces fiscal Martínez, esta información no debía trasladarse a ninguna unidad fiscal.
En 2015, Campos Crespo continuó notificando de las escuchas y las investigaciones a Luis Martínez y al jefe fiscal Julio Arriaza. Pero el fiscal general le daba largas al asunto, hasta que un día dijo que no era necesario un antejuicio para Giammattei, sino que “obligaría a renunciar” al juez, llevando “pruebas en mano” al presidente de la Corte.
Por este caso, todos los implicados fueron detenidos el 22 de agosto de 2016 y siete días más tarde la jueza Séptimo de Paz les concedió medidas sustitutivas al arresto, al considerar que ninguno de los implicados representaba un peligro de fuga.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal anunció el 12 de enero que revocaba las medidas dictadas por el juzgado de Paz y ordenó la recaptura de los implicados en el caso. Pero Rais ya se había escapado y a la fecha continúa prófugo de la justicia.