Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), aseguró que el 30 por ciento del total de las más de 360 mil empresas existentes en El Salvador están en riesgo de cerrar como consecuencia de las restricciones de las actividades económicas vigentes para cortar la propagación del coronavirus.
En entrevista televisiva detalló que en los primeros 15 días de la vigencia de la cuarentena domiciliar que ordenó el Gobierno Central, fueron despedidos unos 70 mil trabajadores que representan aproximadamente el 10 por ciento del empleo formal registrado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
“Si se confirma que son pérdidas definitivas, es un golpe fuerte para la economía”, comentó.
Recordó, además, que la gremial que representa ha pedido al Gobierno que preside Nayib Bukele que permita el reinicio de las actividades económicas lo más pronto posible pero, aparentemente, la cuarentena se extenderá 15 días más.
“No puedo hablar por el Gobierno pero parece que se va prolongar”, agregó.
Dijo considerar, sin embargo, que una vez se terminen las extensiones de la cuarentena será posible abrir la economía garantizando el distanciamiento social para evitar el incremento de casos de COVID-19 que está en fase de contagio local.
Cardenal también aseguró que los empresarios son los primeros es estar en contra del endeudamiento pero dadas las circunstancias aparentemente no hay otra alternativa para levantar la economía.
“Se hizo lo mejor que se pudo con lo que se tenía. No es una solución mágica que va resolver todos los problemas, es un apoyo”, comentó.
En la noche del 23 de abril el Gobierno presentó un plan de reactivación económica que costará unos 1 mil millones de dólares que incluye la creación de una cartera de créditos para todas las empresas cuyas actividades están suspendidas, financiamiento para el sector informal y apoyo financiero para el pago de salarios.
Para los vendedores informales son 100 millones de dólares en préstamos a un plazo de tres años, un paquete alimenticio para 1.5 millones de familias que costará al Estado unos 50 millones de dólares mensuales, entre otros.
También implica medidas fiscales como la prórroga de un mes para la presentación de la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que vencerá el 30 de abril, y del Pago a Cuenta «como un apoyo importante» para los empresarios.
El Ministerio de Hacienda también está elaborando un plan para el sector agropecuario y un fideicomiso de seguridad alimentaria.
En total el Estado planea invertir unos 3 mil millones de dólares para atender el COVID-19 distribuidos de la siguiente manera: 2 mil millones de dólares para la construcción de infraestructura sanitaria así como pagos para personal médicos y de enfermería más 1 mil millones de dólares para invertir en la economía.