El día después de terminada la cuarentena –el 17 de mayo- las empresas volverán a trabajar y producir solo con el 50 por ciento de su capacidad, según Luis Cardenal presidente saliente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
“A partir del día en que se levante la cuarentena vamos a poder ir a trabajar al menos en un 50 por ciento de capacidad”, dijo en declaraciones a los medios de comunicación. “Entendamos que cuando abramos no vamos a volver a la normalidad”, agregó.
En entrevista televisiva esta mañana Cardenal también explicó que el desempleo, que será consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, puede provocar desorden y guerra social.
“Esto puede tener consecuencias en la paz social, de cómo se comportan las personas, como las pandillas que generan desorden, saqueos”, comentó.
Agregó, además, que se ve un “panorama difícil” desde el inicio de la cuarentena domiciliaria hace 41 días para evitar la propagación más rápida del COVID-19.
Aclaró, además, que algunas empresas pueden ser capaces de sostener una planilla durante un mes pero después de ese tiempo es imposible porque se necesita que haya flujo de efectivo en la caja para cumplir con las obligaciones con los proveedores y otros relacionados en la cadena de producción.
“Hay un aproximado del 25 por ciento de micros y pequeñas empresas que ya no van a volver a abrir”, expresó.
También recordó que en un estudio del INCAE se ha previsto que el Producto Interno Bruto (PIB) puede caer hasta en 18 puntos porcentuales, es decir, en unos 6 mil millones de dólares.
“Estamos haciendo lo mejor para que esta pandemia nos golpee lo menos posible, ojalá no nos deje en coma”, concluyó.
La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) advirtió que muchos empresarios corren el riesgo de perder contratos para el suministro de productos textiles en Estados Unidos si en caso el confinamiento se prolonga más allá del 16 de mayo.
Existe el riesgo, según los exportadores, que los contratos sean reasignados a productores de Guatemala, Honduras o Birmania.
Si ocurriera los empresarios pueden perder unos 300 millones de dólares y es probable que hasta 25 mil trabajadores sean despedidos.