La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó dejar en libertad a Jorge Isidoro Nieto, exministro de Obras Públicas, que fue condenado por delitos de corrupción cometidos en la construcción del bulevar exDiego de Holguín, ahora monseñor Romero.
«Sala declara ha lugar al hábeas corpus 98-2019 a favor del señor Jorge Isidoro Nieto por vulneración al derecho de defensa, por utilización de prueba ilícita. Ordena libertad», publicó la Sala en sus cuentas de redes sociales.
El 29 de noviembre el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador lo condenó a doce años de cárcel por el que fue conocido como caso Diego de Holguín. También fue condenado a pagar 12 millones 900 mil dólares en concepto de responsabilidad civil.
Con él también fueron condenados Alberto Colorado, Iván Cañas y Carlos Ayala Ruiz por el delito de peculado por culpa; sin embargo, quedaron en libertad por suspensión de ejecución de la pena.
El caso se remonta al 24 de mayo de 2010, cuando el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, llegó a la FGR con documentación que daba cuenta de uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años.
En los documentos se puntualizaba una cantidad significativa de irregularidades en la construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín.
Los principales acusados eran David Gutiérrez y Jorge Nieto, ambos fueron ministros de Obras Públicas durante la administración de Elías Antonio Saca.
Las acusaciones comienzan con la adjudicación del contrato. El consorcio se otorgó entre la empresa guatemalteca COPRECA y la firma salvadoreña Linares.
Meses antes de la iniciar la licitación del contrato, COPRECA estableció su sucursal en El Salvador. Un indicio que el consorcio y la licitación estaría acordado bajo la mesa.
A la empresa Linares se le debió descartar de la licitación porque no presentó los estados financieros ni las solvencias requeridas por las bases de licitación.
Además, el documento donde se planteaba el asocio entre los das empresas debió establecer el porcentaje de participación de ambas compañías, pero no se hizo jamás.
La licitación también se debió declarar nula porque las ofertas económicas mostradas en el concurso público sobrepasaron el monto de lo presupuestado.
A pesar de estas irregularidades, el contrato se firmó el 28 de noviembre de 2005 y se estableció que la obra debía concluirse el 11 de febrero de 2007.
Pocos días después se ordenó el inicio del proyecto. El MOP entregó un anticipo de $7.6 millones, un 30% del total de lo que costaría la obra, a pesar que se debió entregar solo el 20%, como lo establecían las bases de licitación.
De ese adelanto de 7 millones de dólares tuvo que liquidarse centavo por centavo al MOP, para verificar su destino. Sin embargo, el consorcio constructor liquidó solo 4 millones de dólares. El dinero restante jamás fue liquidado.