La Policía Nacional Civil (PNC) reporta desde la mañana de este domingo un total de 1 mil 823 retenciones de personas que rompieron la cuarentena domiciliar vigente a nivel nacional.
Esta medida se aplica para evitar que haya focos de contagio del coronavirus (COVID-19) en lugares públicos, por lo que el Gobierno ordenó a la población mantenerse en sus casas y además cerró centros comerciales, restaurantes (servicio en mesa), gimnasios, bares y otros sitios de afluencia de personas.
Solamente en el departamento de San Salvador la policía ha retenido a 671 personas, mientras que en Santa Ana a 112 y en La Libertad a otras 60. “La mayoría de personas que han desobedecido la cuarentena oscilan entre los 22 y 28 años de edad”, informa la PNC.
Asimismo, la Policía reporta que “solo en la última semana se han restringido a 1 mil 83 (personas) correspondiente al decreto 14, el cual entró en vigencia el 3 de abril”.
Al decreto que hace referencia la publicación, como otras que ha difundido la PNC, es en realidad el decreto 18 emitido por el órgano Ejecutivo en el ramo de salud. Este se refiere a la restricción de circulación de personas en playas, balnearios y centros turísticos y se publicó precisamente el día 3.
Hasta la noche del 10 de abril, la PNC reportó 833 retenciones, por lo que en menos de 48 horas se han detenido y llevado a albergues a otras 250 personas.
Esta medida de la PNC y soldados no va en sintonía con lo sentenciado por la Sala de lo Constitucional, la cual ordenó desde el miércoles pasado el cese de retenciones ya que estas no tienen un respaldo legal, pues la Asamblea Legislativa no ha regulado este tema.
De hecho, las retenciones de la PNC y el envío de personas a albergues se incluyeron hasta esta nueva propuesta de prórroga de estado de excepción, la cual será discutida en la Asamblea este domingo por la tarde, junto a la extensión del estado de emergencia.
Debido a que no hay una ley o decreto vigente que permita las retenciones, la Sala exhortó desde la semana pasada “a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Salud a coordinar esfuerzos, de acuerdo con sus propias competencias, a fin de contar de manera inmediata con una ley formal que regule las detenciones derivadas del incumplimiento de la cuarentena domiciliar”.
Asimismo, dejó en claro, en su sentencia del 8 de abril, que “no debe haber privados de libertad por violar la cuarentena domiciliar, irrespetando los derechos constitucionales” y pidió que la retención de personas no fuera la única medida para sancionar esta infracción.
El país tiene vigente la cuarentena domiciliar así como los decretos de emergencia y excepción, próximos a vencer, pese a ello el Ejecutivo ha mantenido las detenciones y en las últimas horas el presidente Nayib Bukele incluyó una nueva disposición: que quien no porte mascarillas a partir del lunes será enviado a centros de contención.
En la actualidad, además de las 1 mil 823 retenciones, las autoridades de salud tienen a 4 mil 116 salvadoreños y extranjeros residentes en 86 centros de contención, quienes están aislados por 30 días. Mientras que 1 mil 601 personas ya recibieron autorización para salir de dichas instalaciones.