La crisis sanitaria y económica que está provocando el coronavirus en El Salvador reducirá el número de ciudadanos de clase media y producirá unos 600 mil nuevos pobres, según el informe El impacto del COVID-19 en las economías de la región, que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Salvador espera una contracción económica de entre -2 a -3.9 por ciento como consecuencia de la crisis sanitaria que está combinada tanto por los factores del mercado internacional, principalmente el de Estados Unidos, como por los del mercado interno. En los últimos años la economía creció, en promedio, 2.4 por ciento y se esperaba un repunte para el año 2020 que ya no se verá debido a los efectos de la pandemia de COVID-19.
Eso implica, de acuerdo con el estudio, que tanto los números macro y micro económicos caerán en el contexto del paro preventivo de todas las actividades productivas. Por el momento las actividades más golpeadas son el comercio, restaurantes, hoteles, industria manufacturera, construcción y servicios profesionales que representan cerca del 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y aproximadamente el 67 por ciento de la recaudación fiscal que recibe el Ministerio de Hacienda, es decir, que serán unos 400 millones de dólares menos en ingresos.
A eso deberán sumarse dos elementos más: el primero es que el gasto público se elevará entre 3.8 a 6 puntos del PIB por las inversiones que el Estado está haciendo en construcción de hospitales temporales, mantenimiento de centros de contención, compras masivas de equipos sanitarios, transferencias de 300 dólares a las familias más pobres, costos extras en pagos a policías, soldados, médicos, enfermeras y otro personal de salud, entre otros.
El segundo es que esas medidas de contención cuadruplicarán el déficit fiscal en el año en curso y aumentarán la deuda pública en 7.6 por ciento del PIB.
“La reducción en los ingresos fiscales y el aumento del gasto ante la pandemia elevará el déficit fiscal de -2.5 por ciento a -7.5—10 por ciento del PIB dependiendo de la ejecución presupuestaria del Gobierno”, advierte el informe sobre el país que escribieron Juan José Barrios y Julia Escobar.
Los expertos señalan, además, que el principal mecanismo de transmisión de la crisis a El Salvador será el impacto indirecto de la desaceleración económica en Estados Unidos; el Banco Central de Reserva (BCR), citado en el artículo, señala que por cada punto porcentual que cae la economía de ese país, la salvadoreña se contrae 0.8 puntos porcentuales. El principal canal de transmisión de la crisis será la disminución en las remesas.
Barrios y Escobar también comentan que las ayudas económicas o estímulos al consumo que el Gobierno de Nayib Bukele está implementando podrán no tener los efectos esperados ya que el dinero no llega a todas las familias que lo necesitan, como puede ser el caso de las que viven de las ventas informales. “Una parte de estos incentivos a la demanda no tienen forma de llegar a los 2/3 de la fuerza laboral que es informal, y podría excluir a una importante proporción de los pobres y vulnerables”, dice el texto.
Eso devendrá en un impacto en las familias: la crisis del coronavirus producirá unos 600 mil nuevos salvadoreños pobres, la clase media consolidada se reducirá del 22 al 17 por ciento de la población, la clase media vulnerable del 47 al 43 por ciento. A eso deberá sumarse la probabilidad que la desigualdad de ingresos aumente.
“Estos impactos se podrían reducir a la mitad con una política de transferencias de efectivo, asumiendo una focalización perfecta en los segmentos más afectados. Sin embargo, bajo lineamientos actuales dicha política presenta altos errores de inclusión y exclusión, y supone necesidades de financiamiento considerables”, puede leerse en un extracto del informe.
En declaraciones a una página en línea, Jorge Andrés Hasbún, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), consideró que las micro, pequeñas y medianas empresas pueden despedir, en este contexto, hasta 700 mil trabajadores.
Esos sectores, además, podrán tener pérdidas económicas de unos 3 mil millones de dólares.
Del total de agremiados un 60 por ciento reportó afectaciones en sus ingresos de hasta el 50 por ciento; otros afectaciones superiores al 50 por ciento.
Instrucciones para enfrentar la crisis
En el informe el Banco propone una serie de medidas monetarias y cambiarias, fiscales, sociales y de otras índoles que pueden ayudar a disminuir los impactos negativos de la crisis sanitaria y económica que está provocando el coronavirus. Las medidas son generales y pueden aplicar para unos países y para otros no.
Política monetaria y cambiaria.
1: Reducción de la tasa de política cambiaria y encajes, para lograr expansión del crédito: no tiene una fuerte relación por el lado fiscal y sus efectos pueden ser limitados. También pueden implementarse subastas de dólares para aliviar la liquidez en el mercado. Esto, en una economía dolarizada como la salvadoreña o la panameña, no tendría ningún sentido.
2: Flexibilizar temporalmente las reglas de provisiones regulatorias en el sistema bancario: dotaría de mayor liquidez a la economía, pero ha de cuidarse la situación del sistema bancario por un posible aumento de morosidad. Esta medida puede tener efectos limitados y con rezago ante lo incierto de la situación económica.
Política fiscal.
1: Relajación de metas fiscales y uso de fondos de ahorro: muchos países institucionalizaron una ley de responsabilidad fiscal, como en el caso salvadoreño, que normalmente, tienen cláusulas de flexibilización, por lo que sus metas pueden hacerse laxas. El mayor déficit amplía el margen de maniobra de los gobiernos, pero depende de los requisitos legales para que sea un mecanismo ágil y debe quedar clara la secuencia temporal del posterior ajuste. En este sentido, el uso de fondos de ahorro debería darse para financiar gastos temporales y compensar una caída transitoria de los impuestos, con el cuidado de que no se incurran en obligaciones recurrentes que se mantengan después de la crisis.
2: Diferir el pago de impuestos: puede mejorar la situación de las empresas con faltantes de liquidez, pero es importante analizar qué impuestos y a qué empresas o sectores se les puede beneficiar evitando que las beneficiadas sean todas las empresas en general, es decir, micro, pequeñas, medianas y grandes; debe quedar claro que el horizonte es limitado. Depende, además, de la capacidad fiscal de los Estados y de la presión y diseño del sistema tributario. Se debe tener en cuenta que una suspensión de los pagos del IVA, por ejemplo, no alivia la situación del consumidor, sino la de la empresa.
3: Agilizar las devoluciones de impuestos: no tendría un costo neto para el estado y proveería de liquidez a las empresas. El riesgo es que se acaben efectuando devoluciones inadecuadas. Se requiere una administración tributaria sólida.
4: Diferir contribuciones sociales con cobertura del Ministerio de Hacienda: aliviaría los costos de las empresas, pero el gobierno debe hacerse cargo de ellas para evitar problemas financieros al seguro social.
5: Acelerar proyectos de infraestructura, buscando impulsar mecanismos alternativos como los asocios público-privados: la ventaja es el impulso al empleo y la actividad económica, siendo la desventaja la necesidad de contar ya con avances, además de evitar contingencias fiscales. Este es un mecanismo que se debe considerar como apoyo a la demanda agregada en el mediano plazo, más que el corto.
Políticas sectoriales y empresas.
1: Flexibilizar el tiempo parcial: sería un cambio regulatorio para que trabajadores actualmente a tiempo completo puedan pasar temporalmente a tiempo parcial.
2: Creación de un fondo de liquidez con garantía: se buscaría apoyar al sistema bancario para que provea de liquidez a las empresas mediante nuevos créditos con la garantía del Estado en actividades específicas. Dadas las restricciones fiscales, debe ser limitado y evitarse en la medida de lo posible los efectos adversos de los créditos garantizados.
3: Alternativamente, se podría considerar inyección de liquidez por el Banco Central a actividades específicas, especialmente concentrada en PYME: el Banco Central podría dar acceso a la ventanilla de redescuento a banca comercial para préstamos de liquidez a sectores especialmente afectados por la crisis del COVID-19. En diversos países de la región el acceso al crédito en el sector PYME es limitado, por lo que esta medida puede tener efectos limitados.
4: Compra de deuda privada por parte del estado o el Banco Central. Ante las dificultades de liquidez de las empresas, podría plantearse en algunos sectores la compra de deuda privada por parte del Estado, sujeto a condiciones, y con el objeto de mantener la estabilidad financiera nacional. Esto se debe estructurar de forma que una vez que pase la crisis, las empresas recuperen sus flujos de caja de tal forma que se limite la contingencia para el Estado o el Banco Central.
5: Acciones específicas para PYMES: es importante que varias de estas medidas se concentren en proteger la sobrevivencia de las PYMES que son viables ante su importancia para el empleo. Por lo tanto, inyecciones de liquidez, moratoria fiscal o en las cuotas de protección social, por ejemplo, debieran tener un componente focalizado para este tipo de empresas.
6: Apoyo específico al sector turístico y hostelería: dado que es uno de los sectores más vulnerables, además de beneficiarse de las medidas anteriores, debería analizarse ad hoc tener iniciativas específicas para su sobrevivencia. Entre la cuales podrían estar líneas especiales de crédito, diferimientos tributarios y cotizaciones sociales específicas a hoteles, restaurantes y otras empresas del sector.
7: Suavizar restricciones arancelarias y no arancelarias específicas temporalmente: en algunos sectores donde haya escasez de insumos nacionales y existan estas restricciones puede plantearse un aumento temporal de las importaciones.
8: Posibilitar suspensión temporal de empleo, acompañándolo de un programa de protección social: cambiar la regulación laboral para que las empresas en dificultades puedan reducir su plantilla de forma temporal ayudaría a reducir los costos temporalmente de las empresas en dificultades, pero es importante que la medida se acompañe de apoyo a los trabajadores afectados. La escala de este programa dependería de forma crítica del espacio fiscal disponible.
Políticas sociales
1: Aumento de gasto sanitario: contratación de personal, pudiendo incorporarse estudiantes de medicina, enfermería y farmacia y aumentar la compra de equipo médico y medicamentos y establecer vigilancia sobre los precios.
2: Utilizar los programas de transferencias condicionadas para dar apoyo a población que pasa al desempleo y se encontraba en la economía informal: se debe aprovechar el sistema existente de transferencias condicionadas para ampliar la red de protección social temporalmente, de tal forma se asegure un consumo mínimo.
3: Creación de un bono alimenticio para los nuevos desempleados: a muy corto plazo y dadas las restricciones de movilidad, se podría dar un bono que cubra una canasta alimentaria básica.
4: Creación de seguro de desempleo: se puede pensar en un esquema temporal en el que los individuos puedan tener acceso, siempre y cuando hayan cotizado a la seguridad social en los últimos tres meses.
5: Subsidiar los servicios básicos (electricidad, gas, agua): se trata de evitar que la población más vulnerable a la crisis económica no pueda disponer de estos servicios. El subsidio puede ser total o parcial, reduciendo los impuestos y tasas que recaen sobre dichos servicios y/o estableciendo su provisión a precio de costo.
6: Posponer el pago de hipotecas: de nuevo, dadas las restricciones fiscales y financieras del sistema bancario, se trataría de proteger a la población más vulnerable ante la crisis. Se podría ampliar el plazo de las hipotecas, aplazar los pagos u otras alternativas.
7: Pago parcial de la escuela a hijos de desempleados: dado que es muy posible que el pago a la escuela deba seguir haciéndose aunque no se reciba el servicio, para los desempleados puede plantearse un bono que cubra parcialmente el costo de la escolaridad de sus hijos.
8: Garantizar abastecimiento de alimentos y medicamentos: además, debe vigilarse que no se produzcan situaciones de precios abusivos. Se debe asegurar el buen funcionamiento de las grandes cadenas de distribución y tener un buen entendimiento de las cadenas de valor.
9: Eliminar restricciones a la importación de alimentos y medicamentos. es clave permitir que el mercado internacional se abra para minimizar el desabastecimiento.