La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reporta hasta el 20 de abril un total de 581 denuncias de vulneración de derechos desde que inició el régimen de cuarentena domiciliar, el 21 de marzo pasado.
El 65 % de las denuncias recibidas a nivel nacional corresponden a vulneración de derechos relacionados a la salud, libertad personal y acceso a la información.
La PDDH registró además un 24 % de casos recibidos directamente de los centros de contención instalados por el Gobierno para quienes rompen la cuarentena domiciliar y para los compatriotas que ingresaron al país procedentes del exterior.
A nivel de clasificación por derechos, la Procuraduría hace un desglose de los mismos, registrando 147 casos de vulneración o afectación de derechos a la salud, 127 contra la libertad personas y 100 relacionados a acceso a la información.
El resto de denuncias recogidas por la PDDH son respecto a violación de derechos al trabajo (81), integridad (56), alimentación (38), agua (24) y discriminación (8).
Un 63 % de los casos corresponden a denuncias realizadas por hombres y un 37 % por mujeres, añadió la PDDH en un informe difundido en redes sociales.
El Salvador mantiene varias medidas de restricción de circulación ante la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19), lo que implica la instalación de cordones sanitarios con fuerte presencia militar, como en Metapán y La Libertad, o las tareas de vigilancia de soldados y policías, quienes velan porque no se rompa la cuarentena.
Asimismo, el Gobierno envía a centros de contención a quienes no acaten la cuarentena domiciliar. Dichos albergues han sido objeto de críticas por quienes permanecen ahí durante 30 días, el tiempo de estadía que ha ordenado el Ejecutivo. En dichos centros se exige mejorar el servicio de alimentos o evitar que haya hacinamiento.
Varias instituciones como la Sala de lo Constitucional o la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se han pronunciado por la situación constitucional en el país en torno a las retenciones de personas que rompen la cuarentena.
Incluso magistrados y jueces pidieron a la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil que no acaten medidas consideradas como ilegales, en referencia al envío de personas a centros de contención.
Por su lado, la Fiscalía General de la República afirmó que investigaría cercos sanitarios como el que el Gobierno instaló en el municipio de La Libertad.
Asimismo, la PDDH es otra de las instituciones que se ha pronunciado sobre la importancia de respetar los derechos de la población en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.