El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, aseguró la mañana de este viernes que ha recibido, entre el 21 de marzo el 22 de abril, 778 denuncias. De esas, 172 son sobre detenciones ilegales en centros de cuarentena que el gobierno ha instalado en distintos sectores del país.
“Hemos recibido varias denuncias, quizá no de familiares sino de las personas que se encuentran en los centros de contención”, detalló el procurador, quien, acompañado por otros funcionarios de la PDDH llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para rendir un informe sobre violaciones a derechos humanos durante la emergencia del coronavirus.
Apolonio aseguró que ha hecho distintos pronunciamientos entre los que destaca la “preocupante situación” por personas que tienen más de 30 días en centros de contención.
“Al final de los 30 días, no habiendo una disposición que lo avale, es una detención ilegal las que están teniendo estas personas”, señaló.
Luego agregó: “Por eso le hemos requerido a las autoridades de salud que les informen (a las personas detenidas en centros de contención por qué continúan en cuarentena)”.
El pasado 15 de abril, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) afirmó que no tienen validez los decretos Ejecutivos que el gobierno está utilizando para retener y llevar a centros de contención a las personas que violen la cuarentena.
“Los actos del Poder Ejecutivo como decretos o reglamentos no tienen validez alguna para limitar derechos fundamentales”, indicó la Sala en una resolución de seguimiento de los hábeas corpus donde se aclara que las retenciones realizadas por el gobierno son ilegales.
De acuerdo con los magistrados de la Sala de lo Constitucional, “solo una ley formal” podría autorizarle al gobierno realizar retenciones de salvadoreños que violen la cuarentena. Eso significa que solo un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa podría dar esas atribuciones.
Sin embargo, el Gobierno ha reiterado que algunos decretos Ejecutivos en el ramo de Salud Pública facultan a los cuerpos de seguridad realizar retenciones de quienes violen la cuarentena.