José Luis Merino, uno de los máximos dirigentes políticos del FMLN, estaría siendo investigado por los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Merino sería parte de una estructura criminal que está encabezada por prominentes políticos venezolanos entre los que está el actual presidente Nicolás Maduro y excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre ellos el comandante Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko.
Los vínculos de José Luis Merino con las FARC no son nuevos. En octubre de 2016, una publicación de ForeignPolicy de Washington D.C.lo señaló como el hombre de las FARC en El Salvador.
Esa investigación indicaba que las FARC cuentan con $10 billones guardados en bancos extranjeros por intermediarios. Uno de esos intermediarios, según la publicación, era José Luis Merino.
El pasado 15 de marzo, el gobierno de los Estados Unidos ofreció millonarias recompensas por varios funcionarios del gobierno venezolano, incluido el presidente Nicolás Maduro, por corrupción y narcoterrorismo.
Estados Unidos reveló una estructura criminal encabezada por Maduro y por otros funcionarios de su gobierno. En esa estructura estaría José Luis Merino, quien habría ayudado a lavar dinero de las FARC.
José Luis Merino y las FARC
El informe de ForeignPolicy, publicado en 2016, señalaba que José Luis Merino era considerado como “el hombre de las FARC en El Salvador”, pues habría ayudado a la guerrilla a encubrir sus fondos en aguas internacionales.
La procedencia de ese dinero era oscura. Los informes indicaban que el dinero “proviene de sangre por medio del tráfico ilegal de drogas, personas y otro tipo de contrabando”.
Según ForeignPolicy, los colombianos temían que ese dinero fuera utilizados por la guerrilla para la compra de voluntades y para sobornar instituciones democráticas, similar a lo realizado por el exmandatario Hugo Chávez en Venezuela.
Por esos días, el senador de la Florida, Marcos Rubio, acusó a José Luis Merino de ser “lavador de dinero y traficante de armas de clase mundial”.
El político estadounidense manifestó que era necesario que Estados Unidos sancionara a José Luis Merino por delitos de lavado de dinero y tráfico de armas.
En agosto de 2016, congresistas estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, le pidieron al presidente Donald Trump investigar y sancionar a José Luis Merino por su presunta vinculación con corrupción y crimen organizado.
Además, los congresistas le pidieron al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que apliquen a Merino la Ley Magnistky, que impone sanciones económicas a personas vinculadas a actos de corrupción en sus países.
¿En qué consiste la ley que los congresistas estadounidenses pidieron se le aplique a José Luis Merino? La Ley Global Magnitsky fue aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de perseguir a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.
A las personas que les aplican esta ley pasan a formar parte de una lista negra. La ley no limita al tipo de persona que se le aplica: pueden ser ciudadanos comunes, influyentes empresarios y políticos señalados por corrupción en sus propios países.
El documento que los congresistas estadounidenses le enviaron a Donald Trump dice: “José Luis Merino es un alto miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual viceministro de Relaciones Exteriores para el gobierno de El Salvador. Él y Enrique Rais son copropietarios de la empresa de gestión de residuos, MIDES S.A. de C.V, actualmente atrapada en una disputa multimillonaria”.
Luego agrega: “Se cree que Merino tiene vínculos con organizaciones criminales transnacionales. En 2008, funcionarios colombianos informaron que los correos electrónicos en la computadora portátil del comandante asesinado de las FARC, Raúl Reyes, vincularon a Merino a una red de tráfico de armas”.
Los congresistas también pidieron aplicar esa ley al prófugo de la justicia Enrique Rais, quien, según el documento que enviaron a Trump, “fue designado como objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los Papeles de Panamá, según un documento judicial de Florida”.
Recompensa de $15 millones por Maduro
El pasado 26 de marzo, el gobierno de Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y 10 millones de dólares por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y uno de los hombres fuertes del chavismo
“Anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por llevar adelante, junto a sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterroristas con las FARC por los últimos 20 año”, dijo Geoffrey Berman, fiscal federal del distrito sur de Nueva York.
Berman agregó que “el alcance y la magnitud de la droga traficada solo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo”.
El cuadro mostrado por el Departamento de Justicia en la conferencia de prensa muestra una recompensa de $ 15 millones por informaciones que lleven al arresto de Nicolás Maduro, así como otros $10 millones por otros cuatro funcionarios del régimen.
Estados Unidos ofrece $10 millones por otras tres importantes figuras venezolanas: el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones.
El senador republicano Marco Rubio había adelantado que el Departamento de Justicia planea presentar cargos “por narcoterrismo” contra el dictador.
El Gobierno de EEUU también anunció cargos contra el exnegociador de paz de la antigua guerrilla de las FARC Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, y SeuxisPaucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, por colaborar con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para traficar con cocaína.
En una rueda de prensa, el fiscal general de EEUU, William Barr, aseguró que los exjefes guerrilleros que han retomado las armas “obtuvieron el apoyo del régimen de Maduro” para operar en la frontera entre Colombia y Venezuela con el objetivo de enviar al territorio estadounidense toneladas de cocaína.
