El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) recibe $670 millones al año en contribuciones del sector privado y del sector público. Entre patronos y empleados del sector privado aportan $462 millones al año (74.2% del total de las aportaciones), según analistas financieros.
Los analistas sostienen que, además, el Seguro Social tenía al 31 de diciembre de 2019 −entre efectivo y depósitos a plazo− 296.4 millones de dólares, dinero el cual podría hacerle frente al compromiso de pagarle a los trabajadores afectados por la cuarentena decretada por el gobierno a raíz de la emergencia por el coronavirus.
Analistas financieros y abogados de reconocidas firmas nacionales y extranjeras han realizado estudios muy completos sobre el Decreto Legislativo número 593 que establece el denominado “ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19”.
El artículo 5 de ese decreto 593 estipula que se prohíbe los despidos de los trabajadores que sean objeto de cuarentena por COVID-19, ordenada por la autoridad de Salud competente o aquellas personas imposibilitadas de regresar a su lugar de trabajo por restricciones migratorias o sanitarias decretadas en el país o en el extranjero, garantía que se cuenta desde el momento en que se ordenó la cuarentena y por tres meses después de haber concluido la misma, salvo que existan causas legales de terminación de la relación laboral, sin responsabilidad para el patrono.
Asimismo, en ese mismo artículo 5 se establece que las cuarentenas tendrán el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común, por lo que el ISSS estaría en obligación de cubrir el subsidio diario a partir del 4º día.
Dado que el decreto legislativo de emergencia nacional obliga al ISSS a pagar las incapacidades temporales por la enfermedad común denominada COVID-19, el gobierno ha evadido su responsabilidad aduciendo que eso implicaría la quiebra del ISSS por no contar con los recursos para hacerle frente a dicho compromiso legal, dijeron los analistas financieros.
El gobierno ha recibido la autorización de parte de la Asamblea Legislativa para negociar y obtener hasta $2,000 millones y está repartiendo entre ciudadanos $450 millones en bonos de $300, beneficio del cual están excluidos expresamente los trabajadores formales inscritos y cotizantes del ISSS. Por lo tanto, lo que corresponde es que de los $2,000 millones autorizados se destine una parte de ese dinero a cubrir las necesidades de los trabajadores del sector privado que con tanto sacrificio (empleadores y empleados) aportan $462 millones anuales para cubrir sus necesidades de salud, agregaron.
Los analistas financieros que hablaron sobre este tema han llegado a la conclusión que el ISSS cuenta con suficientes reservas de dinero, con los $296.4 millones que tiene en efectivo y en depósitos a plazo, y si es necesario que el gobierno refuerce al ISSS lo debe hacer con parte de los $2,000 millones que después serán pagados con los impuestos de los mismos empresarios y empleados.
“Es una obligación del ISSS de responderle a los empleados cotizantes a dicha institución ante un caso fortuito generado por una enfermedad común denominada COVID-19 y ante un decreto de emergencia de la Asamblea Legislativa que los obliga a pagarles a todos los cotizantes afectados. Además, se cuenta tanto con recursos financieros propios como con préstamos autorizados por la Asamblea Legislativa para hacerle frente a dichas obligaciones”, afirman.
De acuerdo con los citados analistas financieros, el ISSS no va a quebrar y serán los diputados los que le den el refuerzo presupuestario en el momento indicado y mientras tanto tiene suficientes recursos para pagar las incapacidades del mes de abril.