La Fiscalía General de la República (FGR) inició de oficio una investigación contra un miembro de la Policía Nacional Civil (PNC) que es acusado de disparar en las piernas a un joven albañil que no usaba mascarilla cuando fue detenido en un retén en San Julián, Sonsonate.
“Hemos tomado este hecho con toda seriedad y desde ayer se abrió una investigación al respecto, la cual está en curso”, publicó en sus cuentas de redes sociales Raúl Melara, fiscal general.
Ayer al filo de la medianoche El Diario de Hoy publicó un artículo, que firma el periodista Jorge Beltrán Luna, en el que relata que entre las dos de la tarde del viernes 10 de abril en el cantón Chilata, San Julián, el albañil Alfredo y su hermano Eduardo salieron en sus motocicletas rumbo a la gasolinera a llenar combustible cuando fueron retenidos en un retén en el que había cuatro policías.
En ese momento, de acuerdo con el artículo, los detuvieron por no usar mascarilla y ordenaron a uno de los retenidos que le quitara las tuercas de la placa a la motocicleta.
“Él solo pudo quitarle una. Cuando el policía le dijo que se diera prisa, el joven le dijo que no podía; le agente le asestó un golpe con la mano en la cabeza. Alfredo no le dijo nada”, puede leerse en un extracto del texto.
Después uno de los policías le pidió “50 varas” a uno de los jóvenes que le respondió que no andaba dinero.
El joven, sigue el relato, sí andaba 160 dólares que había ganado en un trabajo reciente.
“Ante la negativa de Alfredo de entregarle el soborno, añaden, el policía le ordenó que hiciera flexiones de pecho; pero de inmediato, le pegó dos golpes con la mano y Eduardo cayó boca abajo”, sigue el texto.
“Entonces el policía le acercó la boquilla del fusil a las piernas y le hizo dos disparos. Luego se alejó caminando como si no había hecho nada, ante la mirada de los otros tres policías que no hicieron nada por detenerlo”.
El herido fue trasladado a un hospital. En las próximas horas será operado.
En sus cuentas de redes sociales Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) señaló que ha exigido a la Presidencia de la República para evitar situaciones de este tipo porque “no es posible que la población esté siendo agredida por quienes están en la obligación de brindarles seguridad”.
“A estas alturas de la emergencia y ante tantas denuncias conocidas, es un hecho que existe un tema de vulneración de derechos humanos, un tema de abuso por parte de la autoridad, al que es obligación ponerle paro”, publicó el principal partido de oposición.
La PNC dice fue un «accidente»
Sin embargo, la PNC negó este domingo que los disparos al albañil fueran por una disputa o descontento del agente policial y se habría tratado de un “accidente”.
“El agente que lesionó a un joven que se conducía en motocicleta ha sido detenido, el hecho ocurrió en San Julián (Sonsonate). La persona no se considerará ofendida ya que se trató de un accidente”, inicia una serie de mensajes públicos en el Twitter de la Policía.
Añaden que “este día (domingo) uno de nuestro oficiales de investigaciones entrevistó al lesionado y quedó plasmado en acta que NO SE CONSIDERA OFENDIDO. Se hará llegar las diligencias correspondientes a Fiscalía General de la República (FGR)”.
La versión policial contrasta con lo reflejado en la publicación de El Diario de Hoy, la cual cita el testimonio de la madre del joven herido en su pierna. Según ella, los policías pidieron $50 a su hijo, además lo obligaron a hacer flexiones antes de que un oficial le disparara.
La PNC también negó que le dispararan al joven por un supuesto soborno: “El joven lesionado fue intervenido en su motocicleta, al solicitarle la licencia y tarjeta de circulación, no las portaba por olvido, ante ello le pidieron que alguien de la familia se la llevara, en ese proceso estaban cuando ocurrió el hecho, relató uno de nuestros agentes”.
Pese a que la corporación policial argumentó que la situación fue un accidente, no indicó cómo se dieron los hechos para que el joven albañil resultara herido por los disparos del oficial en San Julián.
En ese sentido, la PNC mencionó que los hechos seguirán bajo investigación de la Secretaría de Responsabilidad Profesional y la Inspectoría de Seguridad Pública.