Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, tanto a nivel nacional como internacional, los exportadores salvadoreños perderán entre 5 mil 500 a 6 mil millones de dólares este año, según Jorge Arriaza, director de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
Arriaza detalló que el 97 por ciento de los industriales producen alimentos, textiles y otros productos de confección que exportan principalmente a Estados Unidos donde además viven más de 3 millones de salvadoreños.
“Afecta tremendamente la producción y los ingresos del país”, dijo refiriéndose a la declaratoria de cuarentena domiciliaria que ordenó el 21 de marzo para evitar la propagación del COVID-19.
Explicó, además, que también pueden verse afectados unos 200 mil empleados directos de las empresas industriales más unos 500 mil empleados de sus empresas proveedoras.
“Si no les damos oportunidad de operar, aunque fuera el mínimo, en los próximos meses el efecto en el empleo puede ser grandísimo”, dijo a medios de comunicación.
También calculó que más de un millón de personas están siendo afectadas por las decisiones en materia económica que ha tomado el presidente Nayib Bukele Ortez en las últimas cinco semanas.
El Salvador espera una contracción económica de entre -2 a -3.9 por ciento como consecuencia de la crisis sanitaria . En los últimos años la economía creció, en promedio, 2.4 por ciento y se esperaba un repunte para el año 2020 que ya no se verá debido a los efectos de la pandemia.
En Centroamérica, El Salvador y Nicaragua tendrán este año una contracción del PIB del 4,3 % cada uno seguido de Belice, Costa Rica, Honduras, Panamá y Guatemala, según el Banco Mundial.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) previó que si la cuarentena se prolonga después del 28 de abril micros, pequeñas y medianas empresas, para sobrevivir a la crisis económica, deberán decidir entre suspender operaciones temporalmente, despedir a sus empleados o cerrar sus operaciones definitivamente.
Si en caso ocurriera, unas dos o tres semanas más, los empresarios deberán decidir entre no pagar a sus empleados ni a sus proveedores o postergar los pagos de los impuestos al Estado.