En un oficio enviado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recomendó al Ministerio de Salud (MINSAL) que priorice la aplicación diagnóstica del COVID-19 en ancianos, discapacitados y ciudadanos que sufren enfermedades crónicas o graves para que, en caso no estén contagiados, sean enviados a sus casas a cumplir con la cuarentena que ordenó el Gobierno.
El oficio, que la Procuraduría publicó en sus cuentas de redes sociales, está dirigido a la ministra de Salud, Ana del Carmen Orellana Bendek, con fecha 27 de marzo de 2020.
José Apolonio Tobar Serrano, procurador de Derechos Humanos, señala en el oficio que la institución que administra comenzó a recibir denuncias de presuntas vulneraciones a derechos desde el 12 de marzo, entre esas de ancianos que son más vulnerables que el resto de ciudadanos que están en albergues, por su edad avanzada, padecer enfermedades que provocan malestar físico o por ser obligados a permanecer demasiado tiempo en un entorno cerrado.
“Todo ello impide el pleno ejercicio de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás personas”, dice un extracto del oficio.
Ejemplificó con los casos de dos ciudadanos: el primero es de una mujer que nació con osteogénesis imperfecta o fractura fácil de huesos además de padecer problemas tanto en la vesícula como en el riñón. Con ella, además, están familiares con dolencias congénitas similares; el segundo caso es de un anciano de 73 años de edad que sufre diabetes, hipertensión, problemas digestivos y tiene 9 stents en el corazón.
“En caso de resultar negativas las pruebas, estos grupos familiares puedan ser enviados a continuar la cuarentena en sus residencias”, sugiere la PDDH.
