Julio Humberto Rank Romero, exsecretario de comunicaciones en la presidencia de Elías Antonio Saca, recuperó su libertad la mañana de este lunes.
El Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador lo benefició con la libertad condicional anticipada, según confirmaron fuentes judiciales.
Rank fue condenado después que confesó que lavó dinero del Estado.
El 20 de marzo de 2019 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de hábeas corpus a favor de Rank con el argumento que le habían sido violados sus derechos de audiencia y libertad física.
A mediados de noviembre de ese mismo año circularon en redes sociales fotografías y videos en los que se observa al exfuncionario en una silla de ruedas, siendo ayudado por un grupo de custodios de centros penales a subir a un automóvil.
En enero de 2019 el exfuncionario fue ingresado en un hospital con neumonía severa que le provocó otras complicaciones de salud.
Rank fue capturado en octubre de 2016 por delitos de corrupción. En septiembre del año pasado fue condenado a cinco años de prisión luego que confesara en un juicio, en el que también se condenó al expresidente Saca, que había lavado varios millones de dólares.
Rank fue uno de los integrantes de la red del expresidente Saca que saqueó más de 300 millones de dólares de la partida secreta de la Presidencia de la República. Fue uno de los beneficiados del robo de las arcas estatales.
Eso lo confesó él mismo el 9 de agosto de 2018 al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. A los jueces les dijo que aceptaba haber lavado 8.3 millones de dólares de los que se supone ocupó para su beneficio personal 500 mil dólares.
El dinero lo recibió a través de transferencias de las cuentas bancarias de Élmer Chárlaix, exsecretario privado de Saca, así como de los entonces mandos medios de Casa Presidencial Pablo Gómez y Francisco Rodríguez Arteaga.
El 26 de diciembre del año pasado la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la condena contra Rank y también que debe pagar al Estado, en concepto de responsabilidad civil, 8 millones 348 mil 130.39 dólares.