La Fiscalía General de la República (FGR) imputará el delito de desobediencia de particulares a los ciudadanos que irrespeten las reglas establecidas en el decreto de régimen de emergencia que el 18 de marzo aprobó la Asamblea Legislativa.
A los sospechosos la Fiscalía les imputará el delito de desobediencia de particulares, establecido en el artículo 3387 del Código Penal que dice: “El que desobedeciere una orden dictada conforme a la ley y emanada de un funcionario o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cincuenta a cien días multa”.
En declaraciones a los medios de comunicación, Raúl Melara, fiscal general, aclaró que ninguna de las retenciones de ciudadanos que desde ayer está realizando la Policía Nacional Civil (PNC) es consecuencia de haber cometido delitos.
“Son exclusivamente para que el Ministerio de Salud pueda enviar a cuarentena o decidir sobre esas personas”, señaló después de participar en una reunión con diputados en la Asamblea.
“Vamos aplicar la ley a quienes irrespeten el régimen de emergencia, las normas dictadas por autoridad competente y pongan en riesgo la salud de los salvadoreños”, comentó.
El Estado de Emergencia limita la circulación de todos los medios de transporte y la concentración de personas en todo el país.
La estatal Defensoría del Consumidor (DC) está obligada a estudiar los precios de los productos más necesarios para la prevención y tratamiento del coronavirus y establecer precios máximos de venta al público.
Además, el Ministerio de Salud (MINSAL) podrá realizar pruebas de detección del COVID 19 a las personas que presenten síntomas o hayan estado en riesgo de contagio por su exposición a otros pacientes.
La declaratoria de emergencia también establece que la Dirección de Protección Civil puede restringir la circulación de personas que se supone están enfermas con el virus originado en China.
Asimismo, los trabajadores en cuarentena no podrán ser despedidos y los patrones no pueden descontarles de su salario, salvo los descuento de ley.
Los centros educativos privados y públicos también estarán cerrados durante 30 días desde la aprobación de la emergencia.