Una veintena de organizaciones no gubernamentales de El Salvador alertaron este jueves que persiste la amenaza de que en la Asamblea Legislativa se apruebe una amnistía a los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil (1980-1992).
Esta alerta se da a poco menos de dos semanas de que se agote el plazo dado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los activistas instaron a los diputados a que «desistan de promover disposiciones destinadas a lograr la impunidad de los responsables» y que «buscan afectar el acceso a la justicia de las víctimas mediante la limitación de la actividad de la Fiscalía».
Señalaron que este tipo de medidas es una «constante en todas sus propuestas de ley de reconciliación» elaboradas por los diputados en los últimos 12 meses.
Las organizaciones sociales urgieron a los diputados a instalar un mesa técnica, integrada por diputados, asesores, sobrevivientes de la guerra y activistas de derechos humanos, para «la validación y legitimación» de un proyecto de ley de reparación para su aprobación en el pleno.
Apuntaron que en una serie de foros públicos realizados por los legisladores «no divulgaron realmente los contenidos esenciales de las propuestas de ley» con las que están trabajando.
Las discusiones para la aprobación de esta ley se encuentran estancadas actualmente a raíz de la crisis institucional que vive el país tras la irrupción del presidente del país, Nayib Bukele, en el órgano Legislativo con militares y policías armados con fusiles de asalto el domingo.
Señalaron que estos hechos «han demostrado al país y al mundo no solo la fragilidad de la democracia salvadoreña, sino las consecuencias de no preservar la memoria histórica y de no haber establecido medidas de reparación» por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Ejército durante la guerra.
En 2016, los jueces constitucionales anularon una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenaron al órgano Legislativo crear una normativa que garantice el acceso a la Justicia a las víctimas.
Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, en un conflicto que dejó en 12 años 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.