Mañana a las nueve de la mañana la Fiscalía General de la República (FGR) presentará demanda por presunto enriquecimiento ilícito a Othon Sigfrido Reyes Morales, expresidente de la Asamblea Legislativa.
Los fiscales del caso lo demandarán en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador.
El 9 de enero la Policía Nacional Civil (PNC) intentó capturar al exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); sin embargo, ese día se dio cuenta que había huido entre mediados de noviembre y principios de diciembre de 2019 rumbo a Francia o Rusia.
Ese día si fueron detenidos los presuntos cómplices de su red de corrupción: Sonia Inés Morales Rivas, Kevin Mauricio Larrazábal Morales y Manuel Antonio Bercián Castro, todos acusados de lavado de dinero; Atilio Castro Guevara será imputado por el delito de incumplimiento de deberes.
Unas horas antes la Secretaría de la Mujer del FMLN publicó en sus cuentas de redes sociales que dos hombres en una motocicleta estaban persiguiendo a la esposa de Reyes. “Hombres armados derriban puerta de familia Reyes y pretenden llevarse en este momento a esposa de Sigfrido Reyes”, tuiteó la exdiputada Lorena Peña.
En el requerimiento fiscal que fue presentado contra Reyes y sus allegados en el Juzgado Undécimo de Paz de San Salvador se establece que desvió miles y miles de dólares del presupuesto general de la Asamblea Legislativa para viáticos y viajes al exterior y los invirtió en la construcción de residenciales de lujo así como gastos personales onerosos en el extranjero
La investigación en su contra comenzó en la unidad anticorrupción de la Fiscalía después que Ernesto Muyshondt, entonces dirigente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), presentó un aviso basado en las notas periodísticas que publicó La Prensa Gráfica los días 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2014 en las que puede leerse que Reyes Morales y Larrazábal compraron cinco inmuebles identificados como 1,2,3,4 y 5 del polígono F de la residencial Greenside, propiedad del IPSFA, en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, por los que pagaron 440 mil 501 dólares que en precio real al público les habrían costado 631 mil 70 dólares. Después los primeros fiscales recibieron el expediente 04-UEDC-2014 relacionado con averiguar posible tráfico de influencias en la administración pública y un sobre de una fuente anónima que muestra que en la sociedad EKO LIME son socios Moris Alexander Bercián, Asmel Arturo Bercián Rivera, Earle René Reyes Morales y su hermano Sigfrido así como Larrazábal.
El 16 de enero de 2017 el caso fue derivado a la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Casi un mes después la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mandó a la Fiscalía las declaraciones patrimoniales de Reyes Morales y su mujer Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández.
Los investigadores encontraron que entre 2006 a 2015 recibió 300 mil 990 dólares en ese concepto a los que se suma la misma cantidad en bonos, aguinaldos, gastos de transporte y comunicación, sumando hasta 606 mil 995 dólares. Esas erogaciones, de acuerdo con la tesis de los fiscales del caso, no fueron legales. En la página 33 del requerimiento puede leerse: “Obtuvo beneficio económico valiéndose de su posición como presidente de la junta directiva de la Asamblea, dicha acción que realizó valiéndose de que él mismo como presidente de la junta directiva aprobaba el monto de viáticos que recibía por cada misión oficial”.
Entre 2006 a 2019, periodos en los que abarca sus funciones como diputado, presidente de la Asamblea y presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) en la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, sumaron 225 viajes: fueron 868 días en el extranjero en misiones oficiales más 59 viajes de turismo o negocios que duraron 235 días sumando en total 1 mil 103 días fuera del país. En la audiencia inicial uno de los fiscales del caso lo describió así: “Sus misiones oficiales exceden los días de funciones como presidente”.
Para lograr evadir los controles, de acuerdo con la narración de los hechos que dieron a conocer en la audiencia los fiscales y lo que puede constatarse en el requerimiento, Reyes Morales cambió constantemente al encargado del Fondo Circulante de la Asamblea y al refrendario de cheques. El primer cargo lo desempeñó Óscar Armando Pineda Navas, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y el segundo lo ocuparon Manuel Alcides Galdámez Ardón, Karla Beatriz Recinos Ramírez e Iván Rosales.
El cargo de gerente financiero de la institución también cambiaba de titular con frecuencia: al asumir Reyes Morales lo desempeñaba Elsa de Arias pero la sustituyó Nelson Alvarado y finalmente Ricardo Balmore López.