La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó las detenciones de dos auditores de la Corte de Cuentas (CCR) acusados de ayudar a “desvanecer” los indicios de corrupción en la construcción de la presa El Chaparral.
Los señalados son: José Isidro Cruz Argueta y Wilfredo Aguilar Montesinos. Los dos serán imputados por los delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios porque se presume que desvanecieron 161 millones 941 mil 532.79 dólares en irregularidades.
Cruz Argueta se desempeñaba como director ad honorem de Auditoría Cuatro y Aguilar Montesinos como coordinador de auditoría de la Corte durante la ejecución presupuestaria de la construcción de El Chaparral que es un proyecto de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL).
El 21 de octubre de 2019 Daniel Álvarez, presidente de la CEL, presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso por presuntos indicios de corrupción en la construcción de la presa El Chaparral que está ubicada en Sesori, en San Miguel.
En ese momento explicó que el presupuesto inicial de la obra era de 208 millones de dólares pero que conforme transcurrieron los años el proyecto nunca terminó pero sus costos sí aumentaron hasta los 756 millones de dólares.
La información que el funcionario presentó a la Fiscalía está referida a la Fase Dos del proyecto que corresponde a la presidencia de Salvador Sánchez Cerén.
En la presidencia de Carlos Mauricio Funes Cartagena, la CEL pagó 108 millones de dólares a la transnacional italiana ASTALDI para que no abandonara la obra porque se supone que la montaña sobre la que está siendo construida se movió algunos metros. A eso los técnicos de la empresa lo llamaron un “imprevisto imprevisible” y no dieron más opciones: o inyectar más dinero o abandonar definitivamente la construcción.
La administración de Funes pagó esos 108 millones a la empresa italiana.
Pero en realidad hubo corrupción, de acuerdo con la presidencia de Nayib Bukele: una parte de ese dinero pagado regresó a las manos de Funes Cartagena en pagos que la empresa le devolvió en coimas a través de cuentas en Panamá.
Fueron, de acuerdo con la versión oficial, 3.5 millones de dólares.
