Roberto Carlos Silva Pereira, exdiputado suplente del Partido de Concertación Nacional (PCN), fue enviado al centro penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz, conocido popularmente como Zacatraz.
El presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter que se decidió enviarlo a ese lugar debido a su “alto grado de peligro de fuga” hasta que inicie formalmente el proceso penal en su contra por casos especiales de lavado de dinero y cohecho.
Al filo de las tres de la tarde Silva Pereira llegó hoy a El Salvador deportado de Estados Unidos.
En noviembre de 2009 una corte de Arizona lo benefició con asilo político después que se conoció públicamente una grabación en la que el fallecido Adolfo Torrez, jefe departamental de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), le pedía medio millón de dólares a cambio de ayudarle a desvanecer las acusaciones de lavado de dinero en su contra y contra su esposa Nora Emely Parada de Silva.
La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó a la Asamblea Legislativa la solicitud de desafuero contra él acusándolo de ocupar dos empresas constructoras inscritas a su nombre en el Centro Nacional de Registros (CNR) para lavar hasta 14 millones de dólares.
Era señalado, además, de amañar procesos licitatorios para ganar licitaciones públicas en cuatro alcaldías del Oriente del país.
Silva fue capturado el 15 de octubre de 2007 en Orange, California, después que huyó del país. Unas horas antes había sido girada una orden de detención en su contra. Su esposa ya había sido detenida pero él no porque tenía fuero.
El 20 de febrero de 2009 la Fiscalía guatemalteca lo vinculó con el asesinato en Guatemala de tres diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer, perpetrado en febrero de 2007. Fue acusado de ser el “autor intelectual” de la masacre en la que murieron violentamente Eduardo d’Aubuisson, José Ramón González y William Pichinte, así como su chofer Gerardo Napoleón Ramírez.
En ese entonces la Fiscalía chapina aseguró que el crimen fue una “venganza” porque los diputados de ARENA aprobaron en noviembre de 2006 que le retiraran su fuero.
La matanza, según la Fiscalía, fue planificada por Silva Pereira con el ex diputado guatemalteco Manuel de Jesús Castillo, coordinada por el socio de éste Carlos Gutiérrez, alias «Montaña 3», y ejecutada por los integrantes de la denomina «Banda de Jalpatagua» y un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, vinculados a esa agrupación.