El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador suspendió la declaración de uno de los testigos criteriados que delatará a Carlos Mauricio Funes Cartagena en el juicio por el supuesto desvío de más de 351 millones de dólares de los gastos secretos de Casa Presidencial entre los años 2009 a 2014.
Para este lunes estaba prevista la declaración anticipada del criteriado –involucrado en delitos que acepta delatar a cambio de beneficios penitenciarios- pero fue suspendida porque los defensores públicos de otros imputados no asistieron.
Fue reprogramada, sin embargo, para este martes 7 de enero de 2020 y se prevé que dure hasta el viernes 10.
A la diligencia llegó Vanda Pignato, exprimera dama de la República en la presidencia de Funes, que en la causa es acusada de lavado de dinero porque algunas de sus gastos personales los pagó su entonces esposo.
Marvin Flores, abogado de la también exsecretaria de Inclusión Social, calificó de “maniobra” la declaración anticipada. “Es ante la falta de pruebas para fundamentar la acusación”.
A mediados de junio de 2018 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación contra Funes y varios de sus funcionarios de confianza por el presunto desvío de 351 millones de dólares. En este caso es imputado por peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y encubrimiento.
Para desviar el dinero Funes y sus cómplices se saltaron la prohibición de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró ilegal la partida secreta. El dinero era parte de un rubro presupuestario llamado “partida de gastos reservados” que existía con la excusa de financiar las operaciones del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
En un primer momento la Asamblea Legislativa asignó 80 millones de dólares a ese rubro. Pero Funes ordenó alimentarlo a través de refuerzos presupuestarios hasta alcanzar 54 millones de dólares en un año.
Este tipo de partidas también fueron creadas en otras instituciones públicas, señaló la Fiscalía. Para finales del mandato de Funes, existían 15 partidas de esta índole, aprovechando el surgimiento de otros proyectos públicos como el programa Comunidades Solidarias.
Con estas partidas, el mecanismo de movilización de fondos públicos funcionaba de esta manera: El Consejo de Ministros, a través de la solicitud del secretario Francisco Cáceres, autorizaba el traslado de gastos a la partida de gastos imprevistos de Casa Presidencial, sin que existiera mayor justificación al respecto.
Con los fondos reasignados, el gerente financiero institucional de Casa Presidencial, Francisco Arteaga, realizó la redirección de fondos, creando para ello ocho cuentas en el Banco Hipotecario, siete de las cuales estaban a su nombre y la otra, a nombre del colaborador del Secretario Privado, Pablo Gómez.
Este mismo esquema ocupó el expresidente Elías Antonio Saca González entre los años 2004 a 2009. Él confesó los delitos y ya está condenado a diez años de cárcel.