La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador mandó al Juzgado Segundo de Instrucción el proceso de Roberto Carlos Silva Pereira porque ya no es diputado suplente, por tanto, es innecesario analizar una solicitud de antejuicio.
El exdiputado suplente del Partido de Concertación Nacional (PCN) es acusado de casos especiales de lavado de dinero y cohecho activo.
Ahora, según un boletín que divulgó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, el Juzgado deberá programar hora y día para celebrar la audiencia preliminar.
El 30 de abril de 2009 terminó el periodo para el que el imputado había sido elegido como suplente y gozaba de fuero constitucional. Un año antes los tribunales iban a celebrar una audiencia en su contra pero nunca más llegó: aparentemente se fugó a Estados Unidos. En ese momento fue declarado rebelde y se giraron órdenes de detención en su contra.
En esos días el proceso penal en su contra quedó suspendido pero se reactivó el 8 de enero de este año cuando Estados Unidos lo deportó.
Durante más de diez años estuvo en el país norteamericano como asilado político después que se conoció públicamente una grabación en la que el fallecido Adolfo Torrez, jefe departamental de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), le pedía medio millón de dólares a cambio de minimizar las acusaciones de lavado de dinero en su contra que también salpicaron a su esposa Nora Emely Parada de Silva.
En la acusación en su contra la Fiscalía General de la República (FGR) asegura que él ocupó dos empresas constructoras inscritas a su nombre en el Centro Nacional de Registros (CNR) para lavar hasta 14 millones de dólares.
Era señalado, además, de amañar procesos licitatorios para ganar licitaciones públicas en cuatro alcaldías del Oriente del país.
El 20 de febrero de 2009 la Fiscalía guatemalteca lo vinculó con el asesinato en Guatemala de tres diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer, perpetrado en febrero de 2007. Fue acusado de ser el “autor intelectual” de la masacre en la que murieron violentamente Eduardo d’Aubuisson, José Ramón González y William Pichinte, así como su chofer Gerardo Napoleón Ramírez.
En ese entonces la Fiscalía chapina aseguró que el crimen fue una “venganza” porque los diputados de ARENA aprobaron en noviembre de 2006 que le retiraran su fuero.
La matanza, según la Fiscalía, fue planificada por Silva Pereira con el ex diputado guatemalteco Manuel de Jesús Castillo, coordinada por el socio de éste Carlos Gutiérrez, alias “Montaña 3”, y ejecutada por los integrantes de la denomina “Banda de Jalpatagua” y un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, vinculados a esa agrupación.