La Defensoría del Consumidor informó este viernes que la compañía de Inversiones Latinoamericanas, S.A. de C.V., (COINVERLAT, S.A. de C.V.) y Cristian Javier Pineda Reyes, que operaban la empresa “MICARRO SV”, enfrentará una denuncia colectiva por incumplimiento de contrato.
La Defensoría del Consumidor ha informado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el caso ante un posible delito de estafa en perjuicio de los consumidores.
“La Defensoría del Consumidor informa a la ciudadanía que los proveedores denunciados se dedicaban a la importación y venta de vehículos usados, comprados –en su mayoría– en los Estados Unidos de América, por medio de subastas, y tenían como “modus operandi”, solicitar a los consumidores anticipos de dinero en concepto de reserva del vehículo y la firma de contratos de promesa de venta”, detalla el comunicado.
Una vez ingresaban al país, los vehículos no eran entregados a las personas que hicieron los pagos acordados. En algunos casos, los automotores fueron abandonados en los recintos fiscales, y luego, subastados por la Dirección General de Aduanas, siguiendo los procedimientos legales establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA).
Ante la denuncia interpuesta esperan que la importadora de vehículos devuelva a los consumidores su dinero.
La Defensoría del Consumidor advierte que de no ser pagado el dinero a los clientes, podrían enfrentar una multa de hasta $500 salarios mínimos urbanos en la industria.