Alba Petróleos está siendo investigada por indicios de haber lavado, entre los años 2010 y 2017, más de $438 millones, según documentos a los que tuvo acceso diario El Mundo.
Fiscales de la Unidad Financiera de la Fiscalía General de la República han analizado las transacciones que Alba Petróleos realizó durante ese período de tiempo y encontraron al menos cinco irregularidades que les hace sospechar que se pudo haber cometido lavado de dinero.
Uno de los indicios encontrados por la Fiscalía General es la incongruencia al comparar ingresos totales y ventas. Según los informes, Alba petróleos tuvo ingresos totales de $1,908,433,741.09 y ventas por $837,612,406.66. Eso, para los fiscales, no es congruente con “el giro de la sociedad”.
Otro indicio hallado es que entre 2012 y 2013 se detectaron crecimientos del 333 % y 278 % en los ingresos gravados y del 337% y 297 % para costos y gastos.
Pero uno de los indicios que más alarmó a los fiscales son las donaciones que hizo Alba por $12,081,529.02, pues ese monto de dinero supera a las utilidades generadas.
El pasado 31 de mayo de 2019, la Fiscalía General allanó las oficinas de Alba Petróleos y 26 empresas relacionadas a presunto lavado de dinero.
La FGR también allanó la oficina de José Luis Merino, uno de los máximos dirigentes del FMLN, quien es investigado por los Estados Unidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
En esa ocasión, un grupo de fiscales y policías llegó a la oficina central de Alba Petróleos, ubicada en el bulevar Orden de Malta de Santa Elena, municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad. German Arriaza, director Anticorrupción y contra la Impunidad de la FGR, explicó que la investigación comenzó por indicios de lavado de dinero. Se negó a explicar cuáles fueron esos indicios detectados. Tampoco dio a conocer si Estados Unidos facilitó información al país para iniciar el caso.
Arriaza tampoco quiso explicar los nombres de las personas que pueden ser imputadas por lavado de dinero. A través de un comunicado, la Fiscalía informó que allanó las empresas ALBA Petróleos, Gasohol, Centro de Investigaciones Científicas de ALBA Petróleos, Consultores Técnicos Empresariales, Energía Orgánica, Renova Energy, Transporte Velmont, Precocidos de El Salvador, Maya Grren Power, ALBA Alimentos, ALBA Gas, Asociación Instituto Schfik Jorge Hándal, Coordinadora y Asesora de Proyectos, DIAGRIN, ENEPASA, Fundación Albapetróleos, Gaubri Group, Inversiones Flolat, Inversiones Valiosas, Las Vistas, SAG, Termopuerto Limitada, Tu Financiera de RL, Fibras de El Salvador.
Días antes había trascendido que el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con los Departamentos de Defensa y Justicia, había añadido a José Luis Merino en una lista de antiguos o actuales funcionarios del Triángulo Norte Centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras), que están vinculados con actos de corrupción.
La información fue dada a conocer por el Departamento de Estado a través de documentos desclasificados.
En el informe compartido por el Departamento, se señala a Merino como un beneficiario de Alba Petróleos, una compañía asentada en El Salvador cuyas acciones pertenecen en un 60% a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), sancionada por Estados Unidos en 2019.
De la misma forma se sostiene que Merino y su hermano, Ismael Merino Cabrera, movilizaron $400 millones por medio de compañías fachada hacia cuentas off-shore en Panamá. Además se cuestiona que nunca haya sido procesado judicialmente y que goce de inmunidad como viceministro.
Vínculo Alba-Banco Prompérica
De acuerdo con un reportaje publicado por la Revista Factum, entre el 1 de febrero y el 24 de octubre de 2013, la sociedad Inverval, vinculad a Alba Petróleos, emitió ocho cheques desde una cuenta del Banco Promérica.
La Revista Factum tuvo acceso a documentos contables de Inverval. Entre ellos había tres mutuos donde la empresa se compromete a pagar el dinero a Inverval en cuotas mensuales que depositaría en la cuenta número 10000034001293 del Banco Promérica.
Este no es el primer caso donde se vinculan actos de presunta corrupción con el Banco Promerica. En el pasado, empresarios y funcionarios han usado ese banco, según investigaciones fiscales y policiales, para lavar dinero.
El pasado 5 de septiembre, Diario 1 reveló que el exfiscal general Luis Martínez lavó dinero en el Banco Promerica. No solo eso. El exfuncionario (condenado a finales de 2018 por corrupción) también limpió los expedientes de personas que tenían investigaciones y las conectó con el Banco Promerica S.A. para que lavaran dinero. Así lo establece un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre esos clientes, según la Fiscalía, estaban los dueños de Agroindustrias Gumarsal, una empresa que era propiedad de personajes señalados como cabecillas del cártel de Texis.
Gumarsal fue fundada en 1997 por José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, y Juan Umaña Samayoa, quien por muchos años fue alcalde de Metapán. La empresa era dirigida por Wilfredo Guerra. Actualmente los tres están siendo procesados por lavado de dinero.
La Fiscalía General comenzó a investigar al Banco Promerica, en 2016, a raíz de dos reportes de operaciones sospechosas: uno proveniente de la Superintendencia del Sistema Financiero y otro de la División de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio y Delitos Financieros de la Policía Nacional Civil (PNC).
En el reporte policial —que la Fiscalía General consignó en el expediente— se detalla que Luis Martínez manejó varias cuentas en el Banco Promerica por medio de testaferros. Entre ellos estaba Moisés Nájera, quien era representante legal de la sociedad BODEPA.
Investigaciones fiscales revelan que el exfiscal general, Luis Martínez, creó una mafia en la FGR y recibió cientos de miles de dólares a cambio de abrir o cerrar procesos penales. El expresidente Mauricio Funes y el prófugo Enrique Rais fueron algunos de los que le pagaron dinero a cambio de abrir o cerrar investigaciones.
El dinero que Luis Martínez recibía de funcionarios y empresarios corruptos lo canalizaba a través de BODEPA; y los accionistas de esta sociedad, principalmente Moisés Nájera, lo depositaba en el Banco Promerica.
“Para que estos hechos pudieran darse se tenía la colaboración dentro del Banco Promerica de la señora ROXANA RAMÍREZ DE HERNÁNDEZ, la que sirvió de enlace; y es así que, en múltiples ocasiones, entre los meses de octubre y diciembre de dos mil catorce, llegaba al banco el señor MOISÉS NÁJERA a entrevistarse en privado con la señora Roxana Ramírez, para que ella mediante el jefe de operaciones del Banco, autorizara liberaciones de fondos”, dice el informe de la División de Investigación de Delitos Financieros de la PNC, el cual fue anexado al expediente fiscal.
Luego agrega: “La relación de Roxana Ramírez con el señor Luís Martínez era coordinada por Moisés Nájera, quien le daba las fechas en las que ella debía de visitar al Fiscal dentro de las oficinas de la Fiscalía General de la República. En esas reuniones solo intervenían el señor Moisés Nájera, la señora Roxana Ramírez y el señor Moisés Torres, quien supuestamente es pariente del ex fiscal”.