Estados Unidos sancionó este miércoles a 13 exmilitares salvadoreños por su vinculación con el asesinato en noviembre de 1989 de seis sacerdotes jesuitas -cinco españoles y uno del país centroamericano- y de dos mujeres durante la guerra civil que sacudió El Salvador entre 1980 y 1992.
En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, detalló que la sanción, que consiste en la prohibición de ingreso en EE.UU. de los exsoldados y miembros de su familia inmediata, «se debe a su participación en violaciones graves de los derechos humanos en el Salvador relacionadas con la planificación y ejecución de los asesinatos extrajudiciales» ocurridos en el campus de la Universidad Centromericana José Simeón Cañas (UCA).
La sanción es un «reconocimiento tardío» del crimen, dijo a Efe el sacerdote José María Tojeira, uno de los principales impulsores del proceso penal.
Para Tojeira, exrector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), esta sanción es un reconocimiento al proceso penal de inicios de la década de los años noventa y del Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993.
Dicho informe da cuenta de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), incluido el de los jesuitas.
«Son reconocimientos un poco tardíos y más con la información que los norteamericanos han tenido siempre sobre este caso», apuntó Tojeira y añadió que «en los papeles desclasificados de los Estados Unidos aparecen muchos más nombres» que los que fueron sancionados.
Recordó que en el informe de la ONU «aparecen otros vinculados» y «no les han negado la visa», como el diputado del Congreso Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
El legislador es señalado por un informe de la ONU de 1993 de alterar declaraciones sobre la masacre «para ocultar las responsabilidades de altos oficiales en el asesinato», cuando era miembro de una «comisión de honor» nombrada por el Gobierno para investigar el caso.
Tojeira también explicó que en el proceso en España se encuentran acusadas otras personas en calidad de «cómplices, conspiradores, inductores y de facilitadores» y tampoco fueron sancionadas.
Los exmilitares castigados por EE.UU., de distintos rangos, fueron identificados como Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos y José Ricardo Espinoza Guerra.
El grupo lo completan Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio.
Montano y Medonza enfrentan un proceso en España por la masacre de cinco sacerdotes de origen español.
Los jesuitas asesinados la madrugada del 16 de noviembre de 1989 fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, también la empleada Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.
El proceso en El Salvador se encuentra estancado en la Corte Suprema de Justicia, que ha retardado en resolver una recusación contra un juez de la Sala de lo Penal de esta mismo órgano.
Dicha sala tiene en su poder un recurso de casación de los abogados de los militares señalados como autores intelectuales, con el que buscan anular el proceso, cuya reapertura se ordenó en abril de 2018 por una corte de paz.
Para Tojeira, que era el líder de la Compañía de Jesús cuando se registró la matanza, el retraso responde al proceso de creación de una ley de «reconciliación nacional» en el Congreso que puede dar beneficios a los imputados, como penas excarcelables.