El exfiscal general Luis Martínez recibió $1.7 millones a cambio de bloquear o cerrar investigaciones penales en contra de funcionarios, exfuncionarios y empresarios.
Así lo aseguraron la mañana de este lunes los fiscales del caso Corruptela, quienes llegaron al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador para presentar el dictamen de acusación.
“Se logró determinar que al interior de la Fiscalía había una red dirigida por el entonces fiscal general Luis Martínez y otros miembros de la institución que recibían dádivas de funcionarios, exfuncionarios y empresarios que tenían intereses en expedientes que se estaban investigando”, explicó una de las fiscales.
La fiscal detalló que entre las personas que corrompieron al exfiscal Martínez están el expresidente Mauricio Funes y los empresarios Enrique Rais y Hugo Ernesto Rais.
Al expresidente Funes, por ejemplo, se le acusa por el delito de cohecho. Según la Fiscalía, este entregó dádivas al exfiscal para que se le beneficiara en la investigación de El Chaparral. Funes habría entregado dinero en efectivo y vehículos de lujo.
El caso “corruptela” es una red encabezada por el ex fiscal general Luis Martínez y empleados dentro del Ministerio Público quienes utilizaron la institución para vender justicia a funcionarios y empresarios prófugos de la justicia como ex presidente Mauricio Funes y Enrique Rais, quienes son acusados de cohecho activo.
De acuerdo con la Fiscalía, Martínez evitó investigar a Rais en algunos casos y procuró que se persiguiera legalmente a enemigos del exempresario de la basura como Mario Calderón, Claudia Herrera y los empresarios canadienses Franco Pacetti y Matteo Pasquale, con quienes mantiene un litigio por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).
Este mismo caso también implica al expresidente Mauricio Funes, quien permanece asilado en Nicaragua, y que habría pagado para que la Fiscalía no investigara casos como las irregularidades ocurridas en la construcción de la presa El Chaparral, la tregua entre pandillas en 2012 y la divulgación de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) recabado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y que señala al expresidente Francisco Flores en el desvío de millonarios donativos del gobierno de Taiwán.