La propuesta de Presupuesto General de la Nación para 2020 presentado por el Ejecutivo de Nayib Bukele «reafirma» los problemas de las finanzas públicas de El Salvador, aseguró este lunes el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El Gobierno salvadoreño presentó el pasado 30 de septiembre ante la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto para 2020 por 6.426,1 millones de dólares, de los que 5.466,1 millones provendrán del cobro de impuestos.
Según el Icefi, los «problemas estructurales de las finanzas públicas» que se reflejan en la propuesta de presupuesto, que necesita los votos de 56 de los 84 diputados para su aprobación, son los «bajos niveles de ingresos, un gasto público insuficiente y altos niveles de déficit fiscales y deuda pública».
La iniciativa establece el déficit fiscal para el Sector Público no Financiero, incluyendo el pago pensiones, será del 3,1 % del Producto Interno Bruto (PIB), superior al 2,7 % estimado por el Icefi.
Añadió que el saldo de la deuda pública del Sector Público no Financiero, de acuerdo con el proyecto de presupuesto, será de 70 % del PIB.
No obstante, esta variable podría alcanzar alrededor del 70,7 % del PIB por préstamos pendientes de aprobar en el Congreso y por los 1.102 millones destinados al «servicio de la deuda», que representan el 4 % del PIB.
El 92,7 % de los ingresos presupuestados para el 2020 provienen de impuestos, sin considera plenamente la devolución del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado.
«La proyección de 2020 de carga tributaria neta no es realista, pues solo se considera un monto de devoluciones de impuestos por 16,5 millones, cuando en 2019, entre enero y agosto, se han devuelto 117,4 millones», apuntó el Icefi.
Los expertos cuestionaron «que se siga con la práctica de subestimar las partidas presupuestarias de devolución de impuestos» y llamaron al Congreso a corregir esta situación «de forma permanente».
Por otra parte, el Icefi destacó que el presupuesto plantea un incremento «positivo» del gasto social, pero lamentó que «siga sin estar vinculado a metas y resultados, y sin mostrar cambios que atiendan los problemas estructurales de las finanzas públicas».