Daniel Álvarez, presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), presentó la mañana de este lunes un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos indicios de corrupción en el proyecto hidroeléctrico El Chaparral.
Álvarez recordó que en el año 2008 el proyecto se presupuestó en $208 millones y que a la fecha se han desembolsado $756. “Es ilógico pensar que no hay actos de corrupción”, señaló.
El funcionario explicó que la información que brindó a la Fiscalía es referente a la Fase 2 del proyecto, es decir, la que inició en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Sin embargo, Álvarez no quiso dar detalles: no dijo nombres, ni plazos, ni montos. “Eso lo va a determinar los resultados de la Fiscalía”, expresó.
Álvarez aseguró que los contratos con la empresa continúan, pero que están haciendo una auditoría para determinar responsabilidades, no solo por lavado de dinero, sino también por cohecho, actos arbitrarios y peculado,
Foto D1. Miguel Lemus.
El pasado 17 de septiembre, Nayib Bukele detalló que, en el año 2008, cuando el presidente Elías Antonio Saca puso la primera piedra para la construcción de la presa El Chaparral, se había calculado que costaría 207 millones de dólares, pero casi doce años después la corrupción y la ineficiencia incrementaron los costos a 750 millones de dólares.
En esa ocasión, Bukele recordó que ha sido complejo investigar por qué los administradores, que se involucraron en el desvío de fondos del proyecto, no hicieron transacciones tradicionales en bancos nacionales sino que se fueron al extranjero a hacerla para evitar ser rastreados.
“Los que hicieron el crimen al país no lo hicieron de forma torpe sino inteligente”, afirmó.
Entre los involucrados están el expresidente Mauricio Funes Cartagena y su actual cónyuge, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, ambos refugiados en Nicaragua.
Bukele recordó que Astaldi, la empresa encargada del proyecto, alegó que la montaña que sostiene la presa se había movido, que era un “imprevisto imprevisible”, por tanto, o se inyectaba más dinero o abandonaba definitivamente la construcción.
La CEL, según se supo en diferentes momentos, decidió entregar dinero a la transnacional italiana para que no abandonara el proyecto ni demandara al Estado salvadoreño. Fueron 108 millones de dólares los que CEL pagó.
Una parte de ese dinero, de acuerdo con las acusaciones que ha presentado la Fiscalía General de la República (FGR) y con los señalamientos de Bukele, fueron a parar a manos de Funes y su cónyuge: un millonario monto fue transferido a las cuentas bancaria de la empresa en Colombia y posteriormente a cuentas bancarias en Panamá que pertenecen al expresidente.
Luego ese dinero fue invertido en un spa propiedad de Guzmán Sigüenza.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, Funes fue sobornado con 3.5 millones de dólares.