Por «insuficiencia de pruebas», el Tribunal Cuarto de Sentencia declaró inocentes a Rodil Hernández y Nelson Rauda, exdirectores de Centros Penales.
Arturo Cruz, fiscal del caso, explicó que no hay leyes que regulen la administración del dinero de las tiendas institucionales que están bajo la directriz de la Dirección de Centros Penales (DGCP). El 152 de la Ley Penitenciaria es el único artículo que habla de las tiendas institucionales. Adelantó, además, que al tener la sentencia la analizará para decidir cuál será el siguiente paso a dar en el caso.
«Vamos a valorar si se han analizado de forma errónea los testimonios de los testigos que vinieron a aquí a declarar», expresó.
Manuel Chacón, abogado de los declarados inocentes, reiteró que la Fiscalía fue incapaz de probar los delitos. “En ningún momento Fiscalía pudo probar que se manejaron fondos de manera maliciosa o que se aprovecharon de los fondos”, comentó. “El Tribunal enfocó mucho su fallo en la falta de pruebas”, agregó.
El 31 de mayo de 2017 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en el Juzgado Cuarto de Paz el requerimiento fiscal –acusación- contra los exdirectores de Centros Penales imputados por la supuesta malversación de 5.6 millones de dólares provenientes de las tiendas institucionales ubicadas dentro de las cárceles salvadoreñas.
Se supone que el caso ocurrió entre los años 2012 y 2013, en el periodo de la tregua entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.
En un primer momento los fiscales aseguraron que el dinero provenía de la venta con sobreprecios de los productos en las tiendas y con el dinero eran pagados bonos, sobresueldos, informantes, vacaciones, entre otras irregularidades.
A los dos exfuncionarios la Fiscalía les imputó actos arbitrarios y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Del millonario monto, de acuerdo con la tesis fiscal, 3.2 millones de dólares fueron ocupados para “labores de inteligencia”, sueldos y sobresueldos para empleados.
Los instructivos de la Dirección de Centros Penales (DGCP) establecen, sin embargo, que el dinero de las tiendas institucionales debe servir para financiar los programas de rehabilitación y reinserción o, inclusive, para mejorar la infraestructura.
Pese a que se supone que el dinero era ocupado para pagar fuentes de inteligencia, hasta el momento no se ha encontrado un solo informe que demuestre la veracidad de esa justificación.
La administración de las tiendas estaba completamente en manos de la DGCP. De nada se enteraba, por ejemplo, el ministro o viceministro de Seguridad.
En esos años asumió como ministro de Seguridad Ricardo Perdomo que, al enterarse de un hoyo financiero de 2 millones de dólares, pidió a la Corte de Cuentas (CCR) una auditoría.
El 26 de junio de este año el presidente Nayib Bukele acusó, en conferencia de prensa, al exministro Mauricio Ramírez Landaverde de arrogarse la administración de 14 millones de dólares de las tiendas institucionales a través de la oenegé ASOCAMBIO.
Ese dinero, según el mandatario, una vez pasaba a ASOCAMBIO no era auditado por nadie. Eso facilitaba que fuera gastado en objetos de lujo superfluos.