Luis Antonio Benítez Hidalgo, juez de lo Civil de Quezaltepeque, denunció haber intentado ser sobornado y pidió ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla ser separado de un caso de corrupción que vincula a un exgobernador de Mauricio Funes.
El juez del caso ha pedido abstenerse de conocer el caso porque, según detalló, ha sido cuestionado por el abogado defensor Mario Edgardo Fajardo Silva.
Además, el juzgador considera que cada decisión que adopte, contrario a los intereses del procesado, será cuestionado y eso “no es beneficioso para la buena administración de justicia”.
El juez expuso que una de las partes le ofreció 700 mil dólares para resolver favorablemente. “Eso denota que son capaces de ofrecer cualquier cosa a fin de alcanzar sus objetivos a corto plazo, lo que es perjudicial a la administración de justicia y le causa preocupación respecto de los medios de los que se puede valer para satisfacer sus pretensiones”, escribió.
Sin embargo, la petición le fue denegada. “Declárese no ha lugar la abstención generada por el juez de lo Civil de Quezaltepeque Interino, en consecuencia, continúe dicho funcionamiento conociendo del proceso”, falló la Cámara.
En este caso están involucrados un guatemalteco que ya fue extraditado al país y un exgobernador del departamento de Ahuachapán. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Herberth Osmín Mérida Elías −cuando fungió como gerente general de la empresa UNIGAS en 2013− emitió una serie de pagarés que sumaban más de $4.3 millones a favor de la empresa Servicio de Gas Propano (SEGAPRO S.A. de C.V.), cuyo representante legal, Edgar Mauricio Perdomo Góchez, era en ese momento, el gobernador del departamento de Ahuachapán durante la gestión presidencial de Mauricio Funes (2009-2014).
El Juzgado de Quezaltepeque tiene abierto el caso en contra de Herberth Osmín Mérida Elías, acusado de simular una deuda por más de $4.3 millones con la complicidad de Edgar Mauricio Perdomo Góchez.
Las investigaciones fiscales iniciaron en junio de 2016 tras una denuncia contra de Mérida Elías, quien en ese momento era administrador y gerente general de la sociedad UNIGAS de El Salvador. El imputado habría afectado a la sociedad con operaciones comerciales, en las que también participó Edgar Mauricio Perdomo Góchez. Este habría fingido operaciones, gastos y una deuda inexistente en favor de la sociedad SEGAPRO por el valor de cuatro millones de dólares.
Perdomo Góchez tuvo que renunciar a su cargo como gobernador departamental después que la Policía Nacional Civil, atendiendo una denuncia del Ministerio de Economía, decomisara 894 cilindros de gas licuado de petróleo subsidiado en una propiedad de su padre, Ángel Edgardo Perdomo.
En agosto de 2018, Herbert Osmin Mérida Elías fue extraditado por INTERPOL Guatemala y entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades judiciales en la frontera Valle Nuevo, en cantón Las Chinamas de Ahuachapán. El detenido es reclamado por el Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque, por el delito de administración fraudulenta en contra de la Sociedad UNIGAS de El Salvador.