Dos hijos de dos exjueces de Atiquizaya y Metapán fueron declarados inocentes de pertenecer a una red de corrupción que manipulaba procesos judiciales para lograr que sus clientes quedaran en libertad.
Por el contrario el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate condenó a cuatro personas más por pertenecer a esa de red corrupción judicial: el abogado Silas Peraza Calderón fue declarado culpable por tres casos sumando una pena de once años de cárcel; Ricardo Antonio Meléndez fue condenado a nueve años de cárcel por cinco casos; Evert Edgardo Sanabria Escobar fue condenado a seis meses de cárcel; Gracia María Concepción Villalta fue condenada a trabajos de utilidad pública.
Concepción Villalta se desempeñó como secretaria del Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana; Sanabria Escobar es doctor en medicina general; Meléndez fue colaborador del Juzgado de Instrucción de Metapán.
Los delitos por los que fueron condenados son: cohecho activo, falsedad ideológica, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato.
Joaquín Alberto Molina Castro, abogado e hijo del exjuez de Primera Instancia de Atiquizaya y José René Ramírez Peña, hijo del exjuez Primero de Paz de Metapán, fueron declarados inocentes.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó como una de las principales pruebas contra los imputados una serie de escuchas telefónicas.
En un comunicado que divulgó el Centro Judicial Isidro Menéndez se asegura que el caso se prolongó debido a su “complejidad”.