El 10 de octubre de 2018 el Juzgado Tercero de Paz ordenó a Carlos Denis Ramírez Ventura que pagara una fianza de 1 millón de dólares a cambio de recuperar su libertad en el inicio del proceso en su contra porque supuestamente evadió 10 millones 712 mil 95 dólares en impuestos en el año 2013 que, sumadas las multas y los intereses hasta octubre de 2018, asciende a 21 millones 596 mil 353.21, según los cálculos del Ministerio de Hacienda.
Los jueces también congelaron todas sus propiedades: once inmuebles (casas, terrenos) ubicados en Acajutla, San Miguel, Chinameca, Ahuachapán, San Salvador, Chalatenango y La Unión así como cinco vehículos, todo valorado en unos 5 millones de dólares.
Siete días después Alfredo Ernesto Parada Rivera y los demás defensores del empresario dueño de 17 gasolineras concesionarias de Texaco presentaron un recurso de apelación a la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador en la que alegaron que, en la práctica, la millonaria fianza era equivalente a mandar a la cárcel a su cliente por la imposibilidad de pagarla.
La Cámara aceptó que la orden del Juzgado Tercero de Paz “no estaba conforme a derecho” y resolvió disminuir a 50 mil dólares la fianza. Los magistrados le rebajaron a Ramírez Ventura 950 mil dólares.
Los argumentos fueron: es cierto que la cantidad de dinero impuesta era similar a ordenar su detención, además las fianzas son patrimoniales y se devuelven a los imputados una vez pagan la responsabilidad civil de los delitos que cometieron.
“El juez debe motivar las razones para decidir el monto a fijar ya que debe tomar en cuenta la posición económica o medio de vida del procesado”, dice un párrafo de la resolución fechada 24 de octubre de 2018 archivada en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador en el expediente con referencia 142-2018-4.
Sobre la decisión del juez de paz, la Cámara agregó: “No efectuó la motivación respectiva sobre la capacidad económica del imputado, se ha revisado minuciosamente toda la resolución y no hay un tan solo argumento que fundamente porque lo hizo conforme al monto adeudado al fisco”.
“Dicha fianza es desnaturalizante”, concluye el punto la Cámara.
Según una nota que Carlos E. Reyes, representante de Chevron, mandó al Juzgado Tercero de Instrucción, Ramírez Ventura es dueño de 17 gasolineras Texaco ubicadas en todo El Salvador, además de estar construyendo siete más: Versailles, La Gloria, Hato Nuevo San Miguel, Ilopango, Bella Vista, Atecozol y Metapán.
Sobre sus posibilidades económicas también dio luces el informe de auditoría 10014-NIN-0053-2017 del Ministerio de Hacienda anexado al expediente judicial vigente en su contra en el Tercero de Instrucción: en el año 2013 no declaró compras de combustibles, no declaró ventas de esos combustibles, su patrimonio creció injustificadamente, no declaró los ingresos de los préstamos bancario que compró, no declaró las ganancias de las empresas de las que es propietario, no declaró los ingresos que obtuvo por las rentas de locales en las gasolineras, no declaró ingresos por ventas de productos en las tiendas Starmart.
Dice un extracto de ese informe: “Se dedujo de manera indebida de la renta obtenida costos de venta por la suma de 31 millones 405 mil 698.74 dólares debido a que el registro de control de inventarios no cumple con los requisitos mínimos determinándose objeciones al referido costo por compras de combustibles para la venta no documentada”.
Los hallazgos de la auditoría siguen: de la declaración de Impuestos Sobre la Renta (ISR) se dedujo gastos de operación de las gasolineras, gastos de vigilancia, gastos de préstamos.
Después del recorte de la fianza y de pagar los 50 mil dólares, el acusado de evasión de impuestos recuperó su libertad y aceptó pagar una fianza de 200 mil dólares que se sumaron a 45 mil dólares que también canceló entre febrero y marzo de este año. Posteriormente también pagó 13 mil dólares.
Ramírez Ventura modificó su declaración de impuestos del año 2013 y, según se constató en el expediente judicial, ha pagado al Estado 258 mil 115 dólares sin incluir los 50 mil dólares de la fianza reducida.
Después de pagar los 200 mil dólares el Tercero de Instrucción aceptó quitarle el brazalete electrónico que le había puesto la Policía Nacional Civil (PNC) para rastrearlo. También tiene otras medidas como presentarse todos los lunes al Juzgado y no cambiarse de residencia.
En el papel también tiene prohibido salir del país. Eso, sin embargo, el mismo Tercero de Instrucción lo ha saltado dos veces: la primera vez viajó a Atacama, Chile, por dos boletos que ganó del premio de Oro del programa Nuestro Cliente 2018 de Texaco; la segunda fue el 12 de agosto que viajó a Texas, Estados Unidos, invitado por Chevron.
Las dos veces fue con permiso del Juzgado.
El 17 de julio de este año René Gallardo Rivas, juez Tercero de Instrucción, también aceptó descongelar todos los bienes valorados en cinco millones del imputado. La Fiscalía apeló la resolución pero la Cámara Tercera de lo Penal la rechazó por “extemporánea”.
El 14 de octubre de este año termina la fase de instrucción y deberá programarse audiencia en la que se decidirá si el imputado pasa a la etapa de juicio o acepta pagar los impuestos supuestamente evadidos.