Miembros del Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental (ECOS) llegaron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar un aviso en el que piden investigar al expresidente de ANDA, Marco Fortín, por supuestos actos arbitrarios en la suscripción de un convenio con la empresa Dueñas para construir un proyecto urbanístico.
El convenio, según ECOS, se firmó en 2016. Este establece la perforación de ocho posos para la construcción de un sistema de abastecimiento de agua para la construcción del proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, municipio de Apopa, departamento de San Salvador.
“Mediante este convenio, el expresidente Fortín asignó para el uso exclusivo de la familia Dueñas cerca de 200 litros de agua por segundo para el abastecimiento del proyecto”, detalló Carlos Flores, representante de ECOS.
Flores señaló que el convenio es ilegal porque, según la Constitución, la concesión tuvo que haber pasado por la Asamblea Legislativa.
“Lo que ANDA hizo fue otorgar una concesión a la familia Dueñas para que explote de manera exclusiva el acuífero de San Juan Opico para el lucro de la empresa”, dijo.
Luego agregó: “Para nosotros este convenio tiene todos los vicios de inconstitucionalidad, es además inmoral, injusto, y dañino a los intereses de la población”.
El representante de ECOS indicó que los municipios afectados por el proyecto son Ilopango, Soyapango, San Marcos y Santo Tomás.
“Estos municipios enfrentan problemas serios de abastecimiento de agua. ¿Cómo puede ser posible que el expresidente de ANDA haya decidido asignar agua de una reserva estratégica para la satisfacción del interés de ganancia de esta familia?”, cuestionó.
Flores explicó que ese convenido encaja en el delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública, el cual está tipificado en el artículo 320 del Código Penal.
El amigo de Rais
Marco Antonio Fortín, expresidente de ANDA, fue un hombre de confianza de Enrique Rais. Trabajó para él cuando aún no había llegado a la presidencia de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Transcurría el año 2006 cuando Fortín fue contratado como asesor de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) en el área técnica y municipal.
En ese entonces Rais ya tenía acciones en MIDES y se perfilaba como el máximo accionista de esa empresa encargada de recolectar y reciclar la basura en casi todo el país. Marco Fortín era uno de sus asesores de confianza.
La amistad entre Fortín y Enrique Rais, quien es prófugo de la justicia por delitos de corrupción desde hace dos años, se tradujo en la creación de sociedades.
En 2007, Marco Fortín se fue a trabajar como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los proyectos de mejoramiento de la alcaldía de San Salvador. Ahí laboró hasta 2009.
Antes de llegar a la presidencia de ANDA, Marco Fortín pasaba por una situación económica difícil. Y fue entonces que su amigo Enrique Rais le facilitó una de sus casas ubicada en la 83 A.V. norte y 5ª calle poniente, # 4248, colonia Escalón, mismo domicilio donde después funcionó MIDES.
Marco Fortín constituyó junto con su esposa Josefina del Rosario Sánchez de Fortín, en 1991, la sociedad PRO-NOBIS S.A. DE C.V., con la finalidad de realizar una serie de actividades comerciales, entre ellas venta de inmuebles.
Años después, la sociedad PRO-NOBIS sumó a dos socios: Multinegocios Salvadoreños S.A. de C.V. y Aguas Azules S.A. de C.V., ambas sociedades ligadas a Enrique Rais. En una es accionista y la otra es representada legalmente por Hugo Blanco Rais, sobrino de Enrique y también prófugo de la justicia.
Antes de asumir la presidencia de ANDA, Marco Fortín tenía apuros económicos y hasta le pidió a Rais un inmueble para habitar. Sin embargo, actualmente posee al menos inscritos dos inmuebles en zonas de gran plusvalía como Cumbres de Cuscatlán, que sobrepasan el valor de $400,000.
Marco Fortín fue presidente de ANDA desde 2010 hasta 2018. Fue el presidente Mauricio Funes quien lo puso en ese cargo.
En julio de 2016 trascendió que el exministro de Defensa, Atilio Benítez, quien era acusado por el delito de tráfico de armas, había vendido por $5 mil un fusil que había pertenecido a la Fuerza Armada.
Durante la administración de Fortín, ANDA se convirtió en uno de los funcionarios más denunciados en la Defensoría del Consumidor por cobros injustificados en las tarifas de agua.