La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro ordenó detención provisional contra José Aquiles Enrique Rais López y su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais acusados de falsificar dos actas en las que traspasaban el 90 por ciento de las acciones de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) a sus propias sociedades sin antes haber pagado ni un solo centavo a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, los dueños de esas acciones.
La resolución, del 27 de agosto del año que transcurre, la firmaron los magistrados Marta Lidia Peraza Guerra y Juan Antonio Durán Ramírez para revocar la resolución del 17 de julio de 2019 de René Gallardo Rivas, juez Tercero de Instrucción, que benefició con medidas alternas a la prisión y al pago de una fianza de 50 mil dólares –cada uno- a Rais y a su sobrino así como a los también imputados José Mauricio Salvador Arrieta Gálvez y Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala.
El Juzgado Tercero de Instrucción había concluido que, como los imputados aún no han sido vencidos en juicio, lo más conveniente era aplicar las medidas menos gravosas a la prisión amparándose en los tratados internacionales de derechos humanos que El Salvador firmó en las últimas décadas. “La sana crítica y la experiencia y pensamiento común nos ha enseñado que la eficacia del procedimiento se logra sin recurrir a lo extremo”, dice uno de los párrafos de la resolución.
La Cámara, sin embargo, rechazó ese argumento aclarando que el delito que se les atribuye a los acusados, falsedad ideológica, tiene una pena superior a los tres años de prisión, por tanto, el riesgo de fuga y obstaculización del proceso es mayor, además con Rais y su sobrino el riesgo de fuga no es hipotético sino real: desde hace más de un año ha trascendido públicamente que vive escondido en Suiza y que la Policía Internacional (INTERPOL) no lo ha capturado, no obstante tiene otras órdenes de detención vigentes.
“No existe su buena voluntad de comparecer a futuras convocatorias dentro del procedimiento, por lo que se determina que no estamos ante peligro de fuga, sino ante un claro supuesto de materialización de la fuga”, dice un párrafo de la resolución 210-2019-11A1 acumulados.
Rais y el resto de acusados se presume que falsificaron dos actas: una de la reunión de la Asamblea Especial de Accionistas de TRADESAL del 3 de mayo de 2013 que suscribieron Arrieta, como presidente de TRADESAL; Blanco Rais, como secretario de la sociedad; y Rais López, apoderado de la sociedad para autorizar el traspaso del 90% de las acciones de MIDES; y el certificado de acciones número tres que ampara 1800 acciones de MIDES a favor de TRADESAL del 4 de junio 2004 con endoso a favor de OVNI BUSSINES.
En uno de esos documentos también fue falsificada la firma de Roger Alfredo Lagier, presidente de MIDES entre los años 2004 a 2005, para “establecer la dos firmas exigidas por el pacto social”.
CINTEC INTERNACIONAL e INVERSIONES Y SERVICIOS DEL ITSMO habían celebrado un contrato de venta a plazos de las acciones pero no se concretó.
Atilio Efraín Santín, fiscal auxiliar, dijo en el proceso que estaba probado que Rais ni estaba en el país ni había pagado los 11 millones de dólares de la compra de las acciones de MIDES a los canadienses y por eso, la falsificación de los documentos, fue solo un paso más para torcer la justicia: después de eso preparó una denuncia contra sus antiguos socios en la que los acusó de intento de extorsión.
Esa denuncia prosperó en la Fiscalía General de la República (FGR) que administraba Luis Martínez y fue presentada en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador.
Los correos
Un correo electrónico enviado por el empresario canadiense Franco Pacetti a Enrique Rais (en diciembre de 2011) revela parte de las negociaciones por el manejo de la empresa MIDES.
En el mensaje, Pacetti, dueño del 50 por ciento de MIDES junto con Matteo Pascuale, le pide a Rais que los mantenga informado de las operaciones que realiza la empresa, sobre todo en la parte de los ingresos y egresos.
El empresario canadiense se queja de la irresponsabilidad de Rais en cuanto a los pagos que les corresponden como socios igualitarios. Incluso le reclama su ausencia y falta de comunicación con ellos.
En ese entonces, la relación entre Rais y los canadienses no era demasiado tensa. Sin embargo, en ese correo se vislumbran la cadena de pleitos que se desatarían años después.
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En 2014, Enrique Rais, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusó a los empresarios canadienses en la Fiscalía por el delito de extorsión. En ese entonces fungía como fiscal general Luis Martínez. La demanda trascendió en tribunales de justicia y a los canadienses les giraron orden de captura.
En dicha asamblea, el imputado Mauricio Arrieta actuó en calidad de presidente de la Sociedad Tradesal, Hugo Blanco fungió como Secretario Ad-hoc de dicha sociedad y Enrique Rais como apoderado general de la Sociedad Inversiones y Servicios del Istmo S.A. quien autorizó el traspaso de las acciones de la sociedad MIDES.
De acuerdo al ministerio público, esa venta de acciones no fue legal debido a que esas acciones no habían sido canceladas en su totalidad a la sociedad Cintec Internacional Inc. de Barbados. Además, que el Quorum dicha asamblea especial, según las normas internas de la sociedad, no estaba constituido porque hacía falta un director que aprobara la venta.
Lo extraño fue que la acusación que los canadienses presentaron en la Fiscalía contra Enrique Rais fue ignorada. No tuvo trascendencia. Acabó engavetada. Eso despertó sospechas.
A mediados de ese año, algunos periódicos, entre ellos Diario1, publicó que el fiscal Luis Martínez había viajado en aviones del empresario Enrique Rais. Eso representaba un claro conflicto de interés. Pero lo grave fue que en algunos de esos viajes iban abogados de Rais y otros jefes fiscales.
A inicios de 2016, el fiscal Douglas Meléndez llegó a dirigir la Fiscalía General. Ahí descubrió que Martínez y Rais habían conspirado contra los canadienses. Les habían armado casos. Fue entonces que ordenó la captura de ambos por delitos de corrupción.
Enrique Rais fue acusado de comprar jueces, fiscales y otros empleados públicos para dirigir acciones jurídicas a su favor y para atacar a sus adversarios.
La Fiscalía conocía la peligrosidad de Rais. Por eso le pidió a la jueza de paz que lo enviara a prisión. Pero esta no atendió la petición de la Fiscalía y dejó en libertad a Rais. Meses después una Cámara de lo Penal revirtió ese beneficio. Pero era demasiado tarde: Enrique Rais se había escapado.
Congresistas de EE.UU recomiendan incluir a Rais en lista Magnitsky
Congresistas estadounidenses del Partido Demócrata y Republicano le pidieron en agosto pasado al presidente Donald Trump que investigue tanto a Enrique Rais como al dirigente del FMLN José Luis Merino y les aplique la denominada Ley Global Magnitsky, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Dichos congresistas también pidieron al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que imponga las sanciones económicas correspondientes a Rais y a Merino, los únicos dos salvadoreños considerados para entrar en la infame lista de personas designadas bajo esta ley.
La Ley Global Magnitsky fue aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de perseguir a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.
A las personas que les aplican esta ley pasan a formar parte de una lista negra. La ley no limita al tipo de persona que se le aplica: pueden ser ciudadanos comunes, influyentes empresarios y políticos señalados por corrupción en sus propios países.
En un inicio, la ley fue creada para sancionar únicamente a los funcionarios rusos relacionados con la muerte del abogado Serguéi Magnitsky, a quien debe su nombre, quien después de denunciar un fraude fiscal terminó encarcelado y muerto. Pero luego la ley fue reformada.
Ahora permite a los Estados Unidos golpear las fuentes económicas de los sancionados, quienes a partir de su incorporación a la lista negra no pueden tener cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, las personas y empresas estadounidenses están impedidas de hacer negocios con ellos.
En el documento que los congresistas elaboraron para someter la petición en contra de Merino y Rais, se describe al exempresario como “es un prominente hombre de negocios salvadoreño” que “fue designado como objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los Papeles de Panamá, según un documento judicial de Florida”.