El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención contra dos médicos que están siendo procesados por el delito de lesiones culposas, al haber realizado una mala praxis a una mujer.
Los imputados son los médicos Raúl Ernesto R. y Élida Elizabeth M, según detalla el expediente judicial.
El hecho ocurrió en agosto del año 2016, cuando la víctima llegó al hospital nacional San Juan de Dios de Santa Ana para practicarse una cesárea baja transversa y una esterilización.
Durante el procedimiento la doctora Élida Elizabeth comenzó la cirugía, pero se le dificultó extraer al feto, por lo que notificó al médico residente tres, siendo éste Raúl Ernesto, quien se incorporó al procedimiento y extrajo el feto sin dificultad, según consignó en sus notas.
Según el expediente clínico posterior a la cesárea la evolución de la paciente fue satisfactoria, por lo que a pesar de que ésta le manifestó a la doctora que le había dado fiebre, ella le dijo que estaba bien y ordenó el alta el 8 de agosto de 2016.
Pero a los 8 días la víctima se presentó a la Unidad de Salud para retiro de puntos, pero no se sentía bien pues continuaba con fiebre.
El médico que la atendió le dijo que era por una infección en la garganta y la envió a su casa. No satisfecha, la víctima se fue con su hermana a consultar con un médico en Ahuachapán, donde le dijeron que tenía una infección en el útero y que tenía que operarla.
Tras conocer la noticia, decidió viajar hasta el hospital San Juan de Dios, dado que allí se encontraba su expediente clínico,
La mujer llegó a dicho nosocomio donde quedó ingresada el 16 de agosto de ese mismo año. Luego de diversos estudios le diagnosticaron que tenía una fuga en el intestino grueso.
Y de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, pudieron constatar que la imputada mostró una impericia en la manipulación y extracción del feto; mientras que el imputado cometió la imprudencia al darle continuidad a la extracción del feto, provocando ambos con su acción la perforación del intestino grueso.
Tras realizar la cirugía no se percataron durante el procedimiento realizado, lo que generó un daño en la salud de la víctima que trajo como consecuencia la necesidad de someter a la víctima a otras tres intervenciones quirúrgicas.
El Ministerio Público ha solicitado como plazo de instrucción tres meses, los cuales será el Juzgado de Instrucción asignado por la Oficina Distribuidora de Procesos (ODP) el que determine si otorga o no dicho tiempo para continuar con las investigaciones.
Asimismo, la Fiscalía ha pedido en concepto de responsabilidad civil la cantidad de $10 mil por los daños y perjuicios ocasionados a la víctima.