La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador busca una estrategia legal que permita extraditar al expresidente Mauricio Funes (2009-2014) de Nicaragua por cargos de corrupción, pese a que recibió a finales de julio la nacionalidad nicaragüense.
El fiscal general salvadoreño, Raúl Melara, aseguró a periodistas que analizan «cuáles son las repercusiones» de la nacionalización de Funes en Nicaragua, donde la Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
«Estamos viendo alguna estrategia legal que nos permita traerlo al país nuevamente», acotó Melera, sin entrar en detalles.
El pasado 1 de agosto, el jefe fiscal adelantó que se mantendrá la solicitud de extraditar a Funes, quien gobernó bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Funes se encontraba asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016 y su nacionalización fue oficializada el 30 de julio en el diario oficial de ese país, La Gaceta.
El beneficio migratorio también lo recibieron su cónyuge, Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, también procesados en El Salvador.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, prometió antes de asumir el poder el pasado 1 de junio que en los primeros cien días de su Administración lograría la extradición del ex jefe de Estado izquierdista.
Funes, procesado en El Salvador por malversación y otros delitos, aseguró en sus redes sociales que «ni en los primeros cien días de su Gobierno, ni en años la extradición será posible».
El expresidente es procesado en su país por supuestamente apropiarse y lavar más de 351 millones de dólares del presupuesto estatal, fondos que fueron manejados en un esquema similar al usado por su antecesor, Elías Antonio Saca (2004-2009), para desfalcar más de 300 millones.
Saca, quien gobernó con la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), purga 10 años de prisión por cargos de pecualado y lavado de dinero.
Funes también es procesado por el supuesto pago de sobornos al ex fiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una represa, revelar un documento secreto del Gobierno de Estados Unidos y evasión de impuestos.