La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento fiscal contra Isabel Laínez de Pérez, exauditora de la Dirección de Auditoría 3 de la Corte de Cuentas (CCR), que es acusada de permitir que el exfiscal Luis Martínez pudiera sustraer U$230, 000 simulados como pago de viáticos.
“Lo favoreció”, explicó el fiscal que presentó el requerimiento en los tribunales de San Salvador. Los delitos imputados son: incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada.
También es señalada por favorecer a Mauricio Yánez, exgerente general de la Fiscalía.
Yánez y el exfiscal general Martínez son procesados en el Juzgado Cuarto de Instrucción por el uso irregular del dinero de la Fiscalía.
En 2017, la imputada fue una de las responsables de la auditoría de la gestión de Martínez y, no obstante haber encontrado “graves irregularidades”, las escondió. “Y por tanto no se remitió el caso a las cámaras de segunda instancia de la Corte de Cuentas y no se les procesó en los juicios de cuentas como ordena la ley”, detalló el fiscal del caso.
Martínez también es procesado por la red de corrupción que supuestamente montó con el empresario de la basura Enrique Rais, el juez Romeo Aurora Giammattei y otros exfuncionarios para perjudicar a sus enemigos, como sucedió con los ciudadanos Mario Calderón y Claudia Herrera.
El 16 de octubre de 2018 Douglas Meléndez, entonces fiscal general, dio a conocer en conferencia de prensa que su antecesor Martínez había malbaratado dinero incautado al narco ocupándolo para pagarse viáticos, comprar bienes de lujo, pagar remodelaciones de inmuebles de su propiedad, reparar sus vehículos, pagar las facturas de sus teléfonos, pagar tarjetas de créditos y hoteles, entre otros.
En esa conferencia Meléndez dijo: “El exfiscal corrompió y prostituyó la Fiscalía extrayendo dinero de fondos especiales, de lavado y droga”. Se presume que se robó más de U$735,866.14
El 20 de junio la Fiscalía presentó la acusación contra Hernán Contreras, expresidente de la Corte, porque supuestamente ayudó a ocultar los gastos irregulares de la partida secreta de Saca. De acuerdo con las investigaciones, permitió que se realizara una auditoría solo viendo la asignación de fondos sin contrastar ninguna documentación que comprobara el uso del dinero.
Eso, según la acusación, devino en incumplimiento de deberes sumado a que se presume que se le ordenó a los auditores que insertaran información falsa con la que se simulaba que se había contrastado la información.
Las supuestas falsas auditorías, además, se hicieron a control remoto: desde los escritorios de la Corte de Cuentas y no en Casa Presidencial.
El 7 de agosto de 2018 el expresidente Saca, Élmer Chárlaix, secretario privado; César Funes, exsecretario de juventud; y Julio Rank, exsecretario de comunicaciones, confesaron ante el Tribunal Segundo de Sentencia que habían cometido lavado de dinero y se habían apropiado de dinero del Estado, en aproximadamente 300 millones de dólares de la Partida Secreta, para lograr un procedimiento abreviado que devino en la reducción de las penas hasta en una tercera parte.