Los 15 magistrados que conforman Corte Plena decidirán si el proceso penal en contra de Enrique Rais y demás acusados es judicializado con características de crimen organizado.
El caso ha pasado por diferentes tribunales y los jueces se han declarado incompetentes para conocer la causa.
Es por ello que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendrá que resolver si el caso es crimen organizado o si lo regresa al Juzgado Segundo de Instrucción.
En caso que los magistrados de Corte Plena decidan que el caso tiene las características de crimen organizado, el proceso será ventilado en el Juzgado Especializado de Instrucción C.
Según fuentes judiciales los abogados defensores de Enrique Rais presentaron un escrito en el Juzgado Especializado de Instrucción C en el que solicitan se declare incompetente porque no hay crimen organizado. Pero la jueza especializada no le dio trámite porque el caso estaba en proceso de ser enviado a la CSJ.
A finales del pasado mes de julio, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador se declaró incompetente de conocer el caso de la estructura encabezada por Enrique Rais y consideró que debe ser procesada con características de crimen organizado que infiltró instituciones del Estado.
“Estamos en presencia de la existencia de un grupo que tiene permanencia en el tiempo, continuidad, organización mínima caracterizada por un centro de poder con varios niveles jerárquicos que tiene como finalidad la comisión de diversos delitos que perjudica a la sociedad, afectando el bien jurídico específicamente a la administración pública”, apuntó la jueza en una resolución emitida el 26 de julio.
El caso ha pasado por seis juzgados y, al menos cinco de estos, se han declarado incompetentes por las características en el cual aparecen como imputados, además de Enrique Rais, su sobrino Hugo Blanco Rais, el abogado Wilfredo Ernesto Gutiérrez, el juez Romeo Aurora Giammattei, y las personas Mauricio Antonio Álvarez e Hilda Guadalupe Trigueros. Todos por los delitos de cohecho activo, fraude procesal, falsedad ideológica y prevaricato en perjuicio de Claudia María Herrera.
El 22 de agosto de 2016, Enrique Rais y su equipo legal fueron citados a las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República para cumplir con una diligencia relacionada con su litigio por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) y salieron bajo una fuerte custodia judicial para enfrentar para enfrentar cargos como Cohecho Propio (dar sobornos), Fraude Procesal y Falsedad Documental.
Ahí empezó una cruzada por parte de Rais para evadir la justicia, que lo llevaron cinco meses después a huir de El Salvador con destino incierto. A tres años de su arresto y su breve encarcelamiento, el prófugo se ha dedicado a usar sus abogados y a portales digitales de noticias para desvirtuar cualquier acusación en su contra y dilatar los procesos judiciales que enfrenta.
Enrique Rais es uno de los 100 fugitivos más buscados por la Policía Nacional Civil (PNC). Asimismo, en febrero de 2018 Interpol confirmó la entrada en vigencia de una difusión roja en contra del exempresario de la basura, que autoriza su localización y captura en todos los países en los que Interpol tiene jurisdicción.
La Fiscalía ordenó la captura de Rais por encabezar una red de corrupción judicial, en la que jueces, fiscales y abogados, estaban a su servicio para garantizarle impunidad y perseguir a sus enemigos empresariales.
Por este caso recibió medidas sustitutivas al arresto en agosto de 2016, pero cinco meses más tarde, una Cámara anuló la decisión judicial de dejar libre a Rais y ordenó su regreso a prisión, lo que propició su huída.
Se presume que desde enero de 2017, cuando desacató dicha orden de regresar a la cárcel, Rais se oculta en Suiza, país del que es ciudadano y que no tiene un tratado de extradición con El Salvador.
FOTO: D1/ARCHIVO
El pasado 24 de enero, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador estableció que dicho entramado de corrupción judicial encabezado por Rais era en realidad una red de crimen organizado, debidamente estratificada.
Debido al calificativo de “estructura de crimen organizado” que el Tribunal Primero de Sentencia le otorgó a la estructura al servicio de Rais, dicha instancia se declaró incompetente de seguir conociendo el caso, por lo que se decidió enviar el caso al Juzgado Especial de Sentencia de San Salvador, un juzgado que ventila casos relacionados con estructuras de narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
En febrero, de este año, Interpol publicó la segunda orden de captura contra Rais por su participación en el denominado “Caso Corruptela”, el cual según la Fiscalía, implica una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez, quién además era el principal beneficiario de dichos sobornos.
A la luz de las investigaciones, Rais figura dentro de una serie de personajes que habrían sobornado al exfiscal Luis Martínez para que no fuera investigado por varios casos en los que estaba implicados, como el de la referida red de corrupción judicial que fabricaba pruebas para incriminar a sus enemigos empresariales.
Esto, pese a que el Centro de Escuchas de la Fiscalía interceptó una serie de llamadas telefónicas en las que Rais coordinaba con uno de sus abogados el armado de peritajes psicológicos y otra serie de pruebas. Las investigaciones en contra del exempresario fueron detenidas por orden del entonces fiscal Luis Martínez.
Martínez además procuró que se persiguiera legalmente a enemigos de Rais como Mario Calderón, Claudia Herrera y los empresarios canadienses Franco Pacetti y Matteo Pasquale, con quienes mantiene un litigio por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).
Fraude a canadienses
En enero pasado, la Fiscalía interpuso una demanda contra Rais or haber manipulado pruebas en contra de los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, a quienes acusó de haberlo extorsionado con las acciones de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos S. E. M. de C. V. (MIDES), encargada de procesar la basura de varios municipios del país.
De acuerdo con la acusación, Enrique Rais se alió con el entonces fiscal general, Luis Martínez, para armar un proceso penal en contra de los empresarios canadienses. Para ello fabricaron pruebas falsas. Los otros cómplices fueron sus abogados Wilfredo Gutiérrez y Héctor Grimaldi. También su sobrino Hugo Blanco Rais.
El exempresario de la basura habría comprado a un funcionario de Medicina Legal para que elaborara peritajes psicológicos en los que se estableciera que Enrique Rais y Hugo Blanco Rais presentaban traumas y afectaciones psicológicas a raíz de que estaban sufriendo el delito de extorsión por parte de los canadienses.
Pero todo eso fue falso. El objetivo de Rais era neutralizar a los canadienses para no cancelar una deuda millonaria. Por tal caso, no se ha decretado orden de captura.
A finales de mayo pasado, la Cámara Tercera de lo Penal anuló la resolución del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, que el día 13 de ese mismo mes dictó Instrucción sin medidas para Rais por los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal en la anómala transferencia de las acciones de MIDES.
Además de Rais, en el caso están acusados su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, el abogado Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala y José Mauricio Salvador Arrieta Gálvez. La Cámara de lo Penal ordenó al Juzgado Tercero de Instrucción realizar una audiencia especial para determinar si los cuatro implicados deberán seguir el caso en libertad, o se les decretará orden de captura, ya que los cuatro se encuentran huyendo de la justicia.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los acusados simularon el 3 de mayo de 2013 una asamblea especial que tuvo como punto único la venta del 90% de las acciones de MIDES a favor de Ovni Bussines de El Salvador S.A. de C.V, una compañía propiedad de Rais.
En la asamblea, Arrieta actuó en calidad de presidente de la Sociedad Tradesal, Hugo Blanco fungió como Secretario “ad-hoc” de dicha sociedad y Enrique Rais como apoderado general de la Sociedad Inversiones y Servicios del Istmo S.A. quien autorizó el traspaso de las acciones de MIDES.
Dicha venta, sostiene la Fiscalía, fue ilegal debido a que las acciones de MIDES no habían sido canceladas a una sociedad domiciliada en Barbados, de nombre Cintec Internacional Inc. De la misma forma, los estatutos de la empresa establecían que era necesaria la presencia de otro director para autorizar el traspaso.