El Banco Promerica S.A. de C.V. habría ayudado a lavar $370 millones al cartel de Texis a través de una red de lavado de dinero en la que aparecen vinculadas varias empresas.
Documentos de inteligencia a los que Diario 1 tuvo acceso indican que, según una auditoría realizada en el primer semestre de 2015, el Banco Promérica recibió esa cantidad de dinero.
El informe detalla que, de los 370 millones de dólares, $123.5 millones fueron transferidos a través de Air Pack y FEDECACES. La primera es una empresa dedicada al envío y recepción de remesas en todo Centroamérica y la segunda es una financiera que opera en el país desde mediados de los años sesenta.
Un año antes de la auditoría, el gobierno de los Estados Unidos había declarado capo internacional de la droga a José Adán Salazar, señalado como el principal cabecilla del cártel de Texis, una estructura de crimen organizado que opera en el occidente del país.
En el informe también se detallan una serie de ilegalidades que el Banco Promerica habría cometido, por ejemplo, evadir los controles adecuados sobre origen y destino de las transferencias internacionales.
Además, el documento detalla que el 5 de marzo de 2015 el Promerica desactivó la alerta del sistema Monitor Plus, la cual detectaba transacciones mayores de $50 mil.
“El sistema ACRM para detener operaciones sospechosas tiene parámetros que no corresponden para detectar transferencias de clientes de alto riesgo, tales como Air Pack, FEDECACES, Agroindustria Gumarsal, Puerto Bus, Salazar Romero, Mauricio Deras Fuentes”, dice el informe.
No solo eso. El mismo documento señala que Banco Promérica no tiene habilitada la verificación en línea de la lista OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para el pago de remesas familiares. Esto abre la posibilidad de financiamiento al terrorismo, pues, según el informe, el banco realizó pagos a personas en Colombia, Bangladesh, Bulgaria, Egipto, Etiopía y Marruecos.
“Promerica ofrece a sus clientes la cuenta íntegra para realizar transacciones con países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Estas transacciones se realizan a través del banco St. George Bank domiciliado en Panamá y que pertenece al Grupo Promérica FinancialCorporation en Panamá”, dice el informe.
Luego agrega: “Durante el período (primer semestre de 2015) las transacciones totales fueron de $575.9 millones, de las cuales solo $2 millones se reportaron al BCR (Banco Central de Reserva)”.
Otro de los datos que incluye el informe es que el Promerica no cumple con la ley contra el lavado de dinero, pues mantiene cuentas de personas que están dentro de la lista Clinton, poniendo en riesgo las operaciones con los bancos corresponsales de Estados Unidos.
Texis y Promerica
En el pasado el Banco Promerica fue señalado y amonestado por la Superintendencia del Sistema Financiero por rehusarse a clausurar una serie de cuentas bancariasvinculadas con el Cartel de Texis y su líder José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo.
Actualmente, Chepe Diablo está siendo procesado por lavado de dinero. El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador tiene en sus archivos un expediente que establece como Salazar lavó $215 millones en 38 empresas, entre ellas algunas del exalcalde de Metapán, Juan Samayoa, y su hijo Wilfredo Guerra, expresidente de Gumarsal.
Salazar fue capturado el martes 4 de abril de 2017 junto a su exesposa Sara Paz Martínez Bojórquez y su hija Susana Noemy Salazar de Cruz, por los delitos de lavado de dinero.
Ese mismo día, la Fiscalía ordenó el allanamiento de 70 residencias y locales comerciales vinculados a Chepe Diablo, entre ellas hoteles y gasolineras.
La Fiscalía documentó que Chepe Diablo introdujo, entre 2003 a 2015, más de $250 millones en distintas entidades bancarias, abriendo 71 cuentas para dicho objetivo. Todas estas cuentas, según determinó la Fiscalía, fueron vaciadas al poco tiempo de ser abiertas.
Entre esos bancos figura el Banco Promerica, dentro del esquema que la Fiscalía calificó como una forma de introducir dinero de dudosa procedencia y blanquearlo por medio del sistema financiero.
Los capos de Texis
Chepe Diablo es originario de Metapán, Santa Ana. Tiene 69 años de edad. Su historia empresarial está plagada de dudas: empezó como cambista de quetzales a colones en la frontera de El Salvador y Guatemala; y, en pocos años, se convirtió en un millonario dueño de gasolineras, hoteles y otros negocios.
A mediados de los años noventa era un próspero empresario. Pero las dudas en torno a su fortuna crecían. En 1997, por ejemplo, fundó junto con Juan Umaña Samayoa una empresa de granos llamada Gumarsal. Este último se convirtió años después en alcalde de Metapán. Actualmente es prófugo de la justicia. Los fiscales lo acusan de pertenecer a la red de lavadores encabezada por Chepe Diablo.
Juan Samayoa, Wilfredo Guerra y Adán Salazar
Juan Samayoa, por su parte, tiene un largo historial delictivo. Informes de inteligencia policial indican que en los años ochenta estuvo involucrado en el contrabando de mercadería.
A mediados de los años noventa comenzó a comercializar granos básicos. Fundó, junto con Chepe Diablo la empresa Agroindustrial Gumarsal. Su patrimonio había crecido aceleradamente. Eso levantó sospechas. Las autoridades policiales comenzaron a darle seguimiento a sus negocios.
A finales de los años noventa se metió a la política. Primero fue concejal de la alcaldía de Metapán por ARENA, pero luego abandonó ese partido. Para las elecciones municipales del 2006, Samayoa disputó la alcaldía cobijado por la bandera del PCN.
En 2011, el periódico digital El Faro reveló que Juan Samayoa era uno de los cabecillas del Cártel de Texis. Pese a esa publicación y a los tres informes policiales existentes, las autoridades no hicieron nada por judicializar el caso.
Un año antes, Samayoa había ganado por segunda vez consecutiva las elecciones municipales en Metapán. Se jactaba de no haber hecho campaña política para el segundo período: decía que su primera gestión hablaba por sí sola.
En el año 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó por el delito de evasión de impuestos. Al final, Samayoa decidió pagar $1 millón para saldar cuentas y quedó libre de cargos.
En abril de 2017, la Fiscalía ordenó su captura por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, cuando los policías montaron el operativo para capturar a Samayoa, este ya se había escapado. Fue capturado meses después cuando se conducía en un automóvil cerca del desvío de San Juan Opico.