La sala de lo Constitucional concedió este viernes una ampliación del plazo para que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de reconciliación y de asistencia a víctimas para que cumpla con lo establecido en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
La Sala ha dado un plazo de cuatro meses (a más tardar el 13 de noviembre de 2019) para que los diputados puedan analizar dicha ley. La sentencia de inconstitucionalidad fue emitida el 13 de julio de 2016.
La Sala recomienda a los diputados que en la elaboración de la Ley de Amnistía se debe tomar en cuenta la opinión de las víctimas del conflicto armado, las asociaciones que las representan y otros sectores de la sociedad que se muestren interesados en contribuir en su elaboración.
“La Asamblea Legislativa debe propiciar aún más un proceso de diálogo abierto transparente e inclusivo con los diversos sectores de la sociedad civil”, expresa la Sala.
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Y tal como ordenó en la resolución del 13 de julio de 2018, “el actual proceso legislativo realizado para la promulgación de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional no ha sido capaz de generar niveles de confianza mínimos en ese último sector”.
La Sala advierte que bajo esta condiciones no solo significaría el incumplimiento a las obligaciones derivadas de la sentencia pronunciada en el proceso de inconstitucionalidad y sus resoluciones de seguimiento, sino también un debilitamiento al estado constitucional de derecho.
Ante esta situación la Sala espera que se tenga un proceso que ayude a superar las debilidades y se logre un proceso de paz señalado en la sentencia.
La Sala también señala que no a efectuado ningún examen o valoración sobre el contenido de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional remitido por la Asamblea Legislativa.
La resolución de cumplimiento de sentencia fue firmada por unanimidad por los magistrados José Óscar Pineda Navas, Aldo Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento.
El pasado 14 de mayo se esperaba que los diputados aprobaran el proyecto de ley, pero tras recibir fuertes críticas de organizaciones sociales, las Naciones Unidas y la Unión Europea decidieron frenarlo. Los legisladores dijeron que escucharían las opiniones de las víctimas.
La Sala de lo Constitucional del Supremo ordenó al Congreso, en el fallo que anuló la amnistía, crear una nueva legislación enfocada en la reparación de las víctimas.
Dicha anulación permitió la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, que estarían en peligro por la ley que prepara el Congreso, según las organizaciones.
Entre los procesos reabiertos se encuentran la causa por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981), el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980) y el asesinato de seis padres jesuitas (1989