Mauricio Funes pasó, en solo cinco años, de ser presidente de El Salvador a un tuitero furibundo. Su oficio es atacar en redes sociales a sus adversarios políticos. Los calumnia, los difama. Su plataforma preferida es Twitter: desde ahí arremete contra sus enemigos.
Funes miente constantemente. El pasado 15 de julio, por ejemplo, dijo que al secretario de Prensa de Casa Presidencial, Ernesto Sanabria, le habían negado la visa americana “por sospecha de vínculos de narcotráfico y otras actividades ilícitas”.
Sin embargo, personas cercanas a Ernesto Sanabria señalaron que los mensajes de Mauricio Funes son falsos. Aseguraron que este sí posee visa americana. Incluso publicaron una imagen del documento.
“Funes actúa con sed de venganza por todo lo malo que le hizo a este país. Actúa con el hígado y trata de manchar la reputación de algunas personas, que no tienen nada que ver con sus líos judiciales”, escribieron arriba de la imagen.
Mauricio Funes se encuentra prófugo de la justicia desde hace un año. En El Salvador acumula al menos cinco procesos penales. Todos por diversos delitos de corrupción.
El pasado 3 de abril, el juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó capturar a Funes por el delito de evasión fiscal en perjuicio de la Hacienda Pública.
La orden de captura se formuló una semana después de que la Fiscalía acusara al exmandatario de no pagar más de $375,000 en impuestos en el período fiscal de 2014.
La Fiscalía empezó a ver irregularidades en los movimientos bancarios de Funes cuando detectó la emisión de varios cheques provenientes de una cuenta bancaria a su nombre, sin justificar la procedencia de los fondos de la misma.
Con esa acusación, Funes sumó la quinta orden de captura por delitos de corrupción.
Las otras órdenes de captura
Además de ese caso, Funes encara otros cuatro procesos judiciales. Por una parte, está señalado de participar en el “Caso Corruptela”, en el cual se procesa a una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez.
La Fiscalía también acusa a Funes de haber sobornado a Luis Martínez para no ser investigado por su participación en la negociación de la tregua entre pandillas y por la divulgación en televisión nacional de un documento protegido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
De la misma forma, Funes es requerido por la justicia salvadoreña por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.
Asimismo se ha solicitado capturar a Funes para que responda por haber divulgado en televisión el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.
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Por si fuera poco, la Fiscalía anunció que tiene investigaciones abiertas contra Funes por supuestos pagos de sobornos a diputados para aprobar medidas favorables a su gobierno, según trascendió en unos audios publicados en una investigación de la revista digital Factum, lo cual podría acarrearle en un futuro una sexta orden de captura en su contra.
El pasado 21 de marzo, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó por unanimidad solicitar a Nicaragua la extradición de Mauricio Funes. El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Aldo Cader Camilot, dijo que el oficio ya fue enviado a Cancillería, y esta a su vez deberá coordinar con las autoridades de Nicaragua.
La CSJ ordenó extraditar a Funes por su participación en el caso “Saqueo Público”, en el cual es acusado por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, como parte de una red que habría desfalcado un estimado de $351 millones del erario público a través de modificaciones presupuestarias que pasaron sin control a diversas partidas de gastos reservados.
En la solicitud de extradición, enviada por el juzgado Séptimo de Instrucción, también están contemplados la compañera de vida de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y dos de sus hijos, Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
Las mujeres de Funes
Entre los cómplices de Mauricio Funes está su actual compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, conocida como Michy, quien es acusada por lavado de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía, Ada Guzmán administraba un spa ubicado en la colonia Maquilishuat, en San Salvador, el cual fue creado con dinero que la empresa Astaldi (encargada de la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral).
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En sus fechorías, Mauricio Funes también arrastró a dos de sus exesposas: Regina Cañas y Vanda Pignato. La primera de ellas, conocida como la Tía Bubu, es acusada por lavado de dinero. Su caso comenzó cuando la Cámara Segunda de lo Civil ordenó, en febrero de 2016, juicio para Diego Funes Cañas por el delito de enriquecimiento ilícito, sus padres Mauricio Funes y Regina Cañas comenzaron a moverse para resolver la situación jurídica de su hijo.
El plan fue simular un préstamo para justificar el dinero que la Fiscalía General de la República (FGR) le había encontrado a Funes Cañas en dos cuentas bancarias. El monto ascendía $118,600. Ese dinero había servido para comprar automóviles. Pero esos montos no se ajustaban a las declaraciones de renta que el hijo del expresidente había realizado en el Ministerio de Hacienda.
Para que Diego Funes saliera librado en el juicio civil, la Tía Bubu armó un plan junto con su exesposo Mauricio Funes. En la trama, de acuerdo con la Fiscalía, también participaron el exentrevistador Jorge Hernández y Luis Antonio Mancía Flores.
El plan fue el siguiente. Luis Mancía aceptó simular un préstamo a la Tía Bubu –quien tiene orden de captura y actualmente es prófuga de la justicia− por 95 mil dólares. Ese dinero fue entregado a Diego Funes para que este pudiera justificar en el juicio civil que el dinero que le cuestionaba la Fiscalía provenía de un préstamo que su madre había hecho.
“Nosotros hemos logrado demostrar que fue un préstamo simulado y que para ello se prestó el señor Luis Antonio Flores Mancía, quien mediante documento privado y acta notarial de fecha seis de febrero de 2010 se deja entrever el préstamo que le hace a la señora Regina Cañas bajo los oficios del notario Mario Alexander Quezada Peña”, explicó la Fiscalía General en esa ocasión.
Por simular ese préstamo, de acuerdo con la investigación, Luis Mancía pidió un beneficio de 9 mil dólares, pero no recibió dinero en efectivo. La Tía Bubu le pagó con un automóvil marca FIAT valorado en 30 mil dólares.
Cuando la Fiscalía revisó las cuentas bancarias de la Tía Bubu, encontraron que la cantidad pactada en el acuerdo de sus préstamos nunca fue transferida a ninguna de sus cuentas.
Vanda Pignato, quien fue la primera Dama de la República en el gobierno de Funes, también ha sido acusada de lavar $165,000 mediante depósitos a cuentas bancarias, que fueron utilizados para el pago de préstamos y tarjetas de crédito, así como para la compra de un vehículo de lujo con dinero en efectivo.
Pignato también es procesada, en libertad, por el delito de simulación de delito. Según la Fiscalía, la ex primera Dama trató de convencer a la Fiscalía de que alguien había falsificado su firma en la compraventa de un vehículo que pertenecía a Miguel Menéndez Macafé.
Los cómplices
Además, entre los acusados están dos de sus hijos: Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco. Ambos son requeridos por el delito de casos especiales de lavado de dinero.
No solo ellos. En las miles de páginas que la Fiscalía ha presentado en los tribunales también aparecen los nombres de varios de sus amigos más cercanos y funcionarios de confianza, como los hermanos Carlos Cáceres y Gerardo Cáceres.
También Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, un exempresario vinculado a beneficios de café y agencias de seguridad. Saltó al escenario público en los albores de la campaña presidencial para las elecciones 2009, cuando conoció al otrora periodista Mauricio Funes, quien había sido designado por el FMLN para finalmente arrebatarle la presidencia del país a ARENA.
El empresario dijo que fue atraído por la “ideología” de Funes y decidió ser el primer empresario prominente que públicamente le endosó su apoyo.
Mecafé sentó las bases para crear el grupo de apoyo “Los Amigos de Mauricio”, compuesto por otros empresarios e intelectuales de ambos bandos del espectro político local.
Funes ganó la presidencia por estrecho margen y la relación que el nuevo presidente tenía con Mecafé empezó a despertar suspicacias. El empresario fue nombrado como presidente del recién renombrado Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
Publicaciones periodísticas dieron cuenta de supuestos beneficios que Mecafé estaba recibiendo de su relación con el presidente Funes, como contratos en servicios de seguridad y otros, de los cuales habría recibido utilidades por $14 millones, según estimaciones de la Fiscalía.
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS
En octubre de 2011, Mecafé renunció a la presidencia de CIFCO. No fue hasta dos años después que Funes dejara la presidencia, en el año 2016, cuando salieron a la luz anomalías, como el hallazgo de dos empresas offshore domiciliadas en Panamá a través del bufete Mossack-Fonseca, vinculado a la masiva filtración de sociedades offshore conocido como “Panamá Papers”.
Por ejemplo, en el caso de El Chaparral Mecafé recibió, en dos sociedades de su propiedad (Headford Business y Rayne Service), la millonaria dádiva que posteriormente fue transferida a El Salvador. El Banco Hipotecario también permitió que el FPB Bank de Panamá transfiriera dinero de un préstamo que vendió a Latin America Spa, otra de las empresas fantasmas ocupadas para el lavado de dinero que crearon, a través de testaferros, el expresidente y su actual cónyuge, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.
El préstamo que el FPB Bank de Panamá vendió a Funes comenzó a ser transferido el 13 de abril de 2013. También sirvió para intentar justificar los movimientos millonarios de dinero.
En este caso los imputados son Funes, Mecafé, Guzmán Sigüenza, Leopoldo Samour, expresidente de CEL; Mario Pieragostini, representante de Astaldi; y José Quinteros, excontador de Astaldi.