A principios de marzo pasado, en plena gira por Estados Unidos, el entonces presidente electo Nayib Bukele prometió, durante un encuentro con representantes de la comunidad salvadoreña radicada en dicho país, que el expresidente Mauricio Funes regresará a El Salvador a enfrentar la justicia, antes que se cumplan los primeros 100 días de su gobierno.
“Le guste o no le guste, Mauricio Funes enfrentará la justicia salvadoreña”, fue la frase de Bukele que quedó gravada en la mente de varios salvadoreños, algunos de los cuales le recuerdan al ahora mandatario, a través de las redes sociales, para que no olvide dicha promesa.
Pero para cumplirla, Bukele enfrenta la oposición del gobierno nicaragüense, el cual protege a Funes desde septiembre de 2016. De acuerdo con una publicación de la Revista Factum, aunque un pedido de extradición fue formulado a Nicaragua desde abril pasado, la última palabra sobre si se facilita la extradición de Funes o no, la tiene Daniel Ortega.
Políticos salvadoreños y nicaragüenses consultados por la publicación son de la idea que la única forma en la que Funes podría ser extraditado, es que Daniel Ortega deje el poder al que se aferra, a pesar de la presión internacional para que deje de violar derechos humanos de la población y acceda a adelantar las elecciones presidenciales, programadas para 2021.
Cuando se conoció del asilo otorgado por Nicaragua a Funes en 2016, el entonces partido oficial, FMLN, admitió que había recomendado al expresidente buscar asilo en dicho país. Los lazos ideológicos que tenían ambos gobiernos en 2016, hacían pensar que la protección de Nicaragua hacia Funes sería prácticamente incondicional.
Esta protección a mansalva ha sido probada en el hecho que Funes y su hijo, Diego Funes Cañas, reciben onerosos sueldos por parte del gobierno nicaragüense, según lo dio a conocer el mismo Nayib Bukele y luego confirmado por el expresidente. Algunos analistas creen que Funes podría incluso aspirar a nacionalizarse nicaragüense, condición que lo eximiría de ser extraditado a otro país.
Cuando Cancillería salvadoreña envío el oficio de la extradición aprobado en marzo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Nicaragua justificó que Funes “tiene asilo político”. La negativa nicaragüense se dio, pese a que al gobierno del FMLN le quedaban en ese entonces, menos de dos meses en el poder.
Además, pareciera ser que las nuevas relaciones entre Nicaragua y El Salvador no ayudarán mucho al propósito de Bukele de traer a Funes al país para encarar la justicia. Nicaragua fue uno de los países no invitados a la toma de posesión del nuevo presidente, quien antes de su investidura cuestionó abiertamente la situación política de dicho país.
Esto es algo que ha recalcado el mismo Funes a través de su cuenta de Twitter, en la que ha desvirtuado las acusaciones en su contra y el proceso de extradición, que a su juicio, para que sea exitoso no depende del país que lo solicita, sino al que le solicitan la extradición.
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS
La dilatada lista de órdenes de captura contra Mauricio Funes
La Fiscalía General de la República (FGR) inició en agosto de 2016 una serie de investigaciones contra el expresidente Funes, para sustentar una futura acusación por delitos como lavado de dinero. En ese mes se llevaron a cabo allanamientos en propiedades vinculadas a su íntimo amigo, el empresario Miguel Menéndez Avelar (Mecafé) Y Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, compañera de vida del exmandatario.
Funes no fue ubicado mientras se llevaban a cabo los allanamientos, ya que se había ido a Nicaragua, bajo el argumento de que realizaría unas “consultorías” en dicho país.
El Ministerio Público demoró nueve meses desde la huída de Funes a Nicaragua para decretarle orden de captura por los delitos de peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales del delito de encubrimiento.
La FGR acusa a Funes de dirigir una red para sustraer dinero de instituciones públicas sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa, para lo cual creó una serie de partidas de “gastos imprevistos” en diversas instituciones públicas. Se acusa al expresidente de lavar $351 millones de dólares.
El 17 de octubre de 2018 se le giró a Funes una segunda orden de captura por su participación en el denominado “Caso Corruptela”, que implica una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez.
De acuerdo con las investigaciones, y otros empresarios, habrían sobornado a Martínez para que no fueran investigados por varios casos en los que estaban implicados, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Por tal razón se le acusa a Funes por el delito de cohecho activo.
El pasado 4 de enero, en el último día de la gestión de Douglas Meléndez como fiscal general de la República, dicha institución presentó dos nuevas acusaciones contra el expresidente Funes, una de ellas por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.
La otra orden de captura solicitada ese día por la Fiscalía es por divulgar en medios de comunicación el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.
La quinta orden de captura contra Funes fue girada el 4 de abril pasado, bajo la acusación de no haber pagado impuestos por $375 mil en el período fiscal 2014.
Por si fuera poco, la Fiscalía anunció que tiene investigaciones abiertas contra Funes por supuestos pagos de sobornos a diputados para aprobar medidas favorables a su gobierno, según trascendió en unos audios publicados en una investigación de la revista digital Factum, lo cual podría acumular una quinta orden de captura en su contra.