El nuevo juicio que enfrenta la joven Evelyn Hernández, procesada por el delito de homicidio agravado por supuestamente abortar, continuará el 15 de agosto, según lo comunicó este viernes el juez José Virgilio Jurado Martínez, informó a Efe una de las abogadas de la fémina.
El pasado 15 de julio, el juez Jurado Martínez, del Tribunal de Sentencia de Cojuteque, instaló la vista pública y decretó un receso porque una de los testigos no se presentó por «problemas de salud».
Elizabeth Deras, una de las abogadas de Hernández, indicó que la testigo, que es una doctora, «podrá llegar el 15 de agosto y el juicio continuará su curso».
El nuevo juicio contra la joven de 21 años se realiza luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anulara en diciembre de 2018 un fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Cojuteque y ratificado por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador.
En este fallo, emitido en julio de 2017, Hernández, una mujer de escasos recursos que reside en una zona rural del país centroamericano, fue condenada a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado.
La joven sufrió un parto «extrahospitalario» el 6 de abril del 2016 cuando se encontraban en su vivienda y luego fue trasladada por un familiar al Hospital Nacional del municipio de Cojutepeque (este), donde fue denunciada ante las autoridades por el médico que le atendió, según lo han señalado sus abogados.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, entidad que brinda apoyo legal a Hernández, sostiene que la Fiscalía General de la República (FGR) «no tiene elementos para demostrar dolo o intención de causar algún daño al feto», por lo que la joven «es inocente, no cometió ningún delito y debe de ser absuelta».
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.
Desde 2009, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto ha logrado que 28 mujeres, acusadas de aborto, recobraran su libertad. Uno de los casos más emblemáticos es el de Teodora del Carmen Vásquez, quien fue condenada a 30 años de prisión por un aborto que no fue probado.