El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador se declaró incompetente de conocer el caso de la estructura encabezada por Enrique Rais y consideró que debe ser procesada con características de crimen organizado que infiltró instituciones del Estado.
“Estamos en presencia de la existencia de un grupo que tiene permanencia en el tiempo, continuidad, organización mínima caracterizada por un centro de poder con varios niveles jerárquicos que tiene como finalidad la comisión de diversos delitos que perjudica a la sociedad, afectando el bien jurídico específicamente a la administración pública”, apuntó la jueza en una resolución emitida el 26 de julio.
El caso ha pasado por seis juzgados y, al menos cinco de estos, se han declarado incompetentes por las características en el cual aparecen como imputados, además de Enrique Rais, su sobrino Hugo Blanco Rais, el abogado Wilfredo Ernesto Gutiérrez, el juez Romeo Aurora Giammattei, y las personas Mauricio Antonio Álvarez e Hilda Guadalupe Trigueros. Todos por los delitos de cohecho activo, fraude procesal, falsedad ideológica y prevaricato en perjuicio de Claudia María Herrera.
El 22 de agosto de 2016, Enrique Rais y su equipo legal fueron citados a las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República para cumplir con una diligencia relacionada con su litigio por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) y salieron bajo una fuerte custodia judicial para enfrentar para enfrentar cargos como Cohecho Propio (dar sobornos), Fraude Procesal y Falsedad Documental.
Ahí empezó una cruzada por parte de Rais para evadir la justicia, que lo llevaron cinco meses después a huir de El Salvador con destino incierto. A tres años de su arresto y su breve encarcelamiento, el prófugo se ha dedicado a usar sus abogados y a portales digitales de noticias para desvirtuar cualquier acusación en su contra y dilatar los procesos judiciales que enfrenta.
Enrique Rais es uno de los 100 fugitivos más buscados por la Policía Nacional Civil (PNC). Asimismo, en febrero de 2018 Interpol confirmó la entrada en vigencia de una difusión roja en contra del exempresario de la basura, que autoriza su localización y captura en todos los países en los que Interpol tiene jurisdicción.
La Fiscalía ordenó la captura de Rais por encabezar una red de corrupción judicial, en la que jueces, fiscales y abogados, estaban a su servicio para garantizarle impunidad y perseguir a sus enemigos empresariales.
Por este caso recibió medidas sustitutivas al arresto en agosto de 2016, pero cinco meses más tarde, una Cámara anuló la decisión judicial de dejar libre a Rais y ordenó su regreso a prisión, lo que propició su huída.
Se presume que desde enero de 2017, cuando desacató dicha orden de regresar a la cárcel, Rais se oculta en Suiza, país del que es ciudadano y que no tiene un tratado de extradición con El Salvador.
El pasado 24 de enero, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador estableció que dicho entramado de corrupción judicial encabezado por Rais era en realidad una red de crimen organizado, debidamente estratificada.
Debido al calificativo de “estructura de crimen organizado” que el Tribunal Primero de Sentencia le otorgó a la estructura al servicio de Rais, dicha instancia se declaró incompetente de seguir conociendo el caso, por lo que se decidió enviar el caso al Juzgado Especial de Sentencia de San Salvador, un juzgado que ventila casos relacionados con estructuras de narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
En febrero, de este año, Interpol publicó la segunda orden de captura contra Rais por su participación en el denominado “Caso Corruptela”, el cual según la Fiscalía, implica una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez, quién además era el principal beneficiario de dichos sobornos.
A la luz de las investigaciones, Rais figura dentro de una serie de personajes que habrían sobornado al exfiscal Luis Martínez para que no fuera investigado por varios casos en los que estaba implicados, como el de la referida red de corrupción judicial que fabricaba pruebas para incriminar a sus enemigos empresariales.
Esto, pese a que el Centro de Escuchas de la Fiscalía interceptó una serie de llamadas telefónicas en las que Rais coordinaba con uno de sus abogados el armado de peritajes psicológicos y otra serie de pruebas. Las investigaciones en contra del exempresario fueron detenidas por orden del entonces fiscal Luis Martínez.
Martínez además procuró que se persiguiera legalmente a enemigos de Rais como Mario Calderón, Claudia Herrera y los empresarios canadienses Franco Pacetti y Matteo Pasquale, con quienes mantiene un litigio por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).