El expresidente Mauricio Funes ocupó el Banco Hipotecario para supuestamente ocultar los sobornos que se presume la transnacional italiana Astaldi le pagó, a cambio que su gobierno le permitiera continuar la construcción de la presa El Chaparral de manera oscura, es decir, amparado en un acuerdo directo firmado entre el 10 y el 12 de junio de 2012 que implicó saltarse la autoridad de instituciones contraloras, pasar por altos irregularidades previamente registradas en el proceso y la cancelación de 108.5 millones de dólares de manera ilegal por un avance de la obra que no correspondía con la realidad.
El testigo criteriado Mateo, cuyas declaraciones publicó La Prensa Gráfica, asegura que Funes aprovechó su amistad con Manuel Rivera Castro, entonces presidente del Banco, para canalizar a través de la institución estatal los 3.5 millones de dólares que se supone la multinacional italiana le pagó en sobornos en Panamá.
Miguel Menéndez, también conocido como Mecafé, socio, amigo y cómplice de Funes, recibió en dos sociedades offshore suyas, Headford Business y Rayne Service, la millonaria dádiva que posteriormente fue transferida a El Salvador. El Banco Hipotecario también permitió que el FPB Bank de Panamá transfiriera dinero de un préstamo que vendió a Latin America Spa, otra de las empresas fantasmas ocupadas para el lavado de dinero que crearon, a través de testaferros, el expresidente y su actual cónyuge, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.
El préstamo que el FPB Bank de Panamá vendió a Funes comenzó a ser transferido el 13 de abril de 2013. También sirvió para intentar justificar los movimientos millonarios de dinero.
De acuerdo con la publicación, Mecafé después entregaba personalmente el dinero a Funes.
En este caso los imputados son Funes, Mecafé, Guzmán Sigüenza, Leopoldo Samour, expresidente de CEL; Mario Pieragostini, representante de Astaldi; y José Quinteros, excontador de Astaldi.
En el año 2008 comenzó la construcción de la presa El Chaparral. En un primer momento el proyecto fue publicitado como la solución a los altos costos de la energía producida a base de combustibles fósiles. No tardó mucho tiempo, sin embargo, en notarse que algo no andaba bien: la tierra arcillosa e inestable no era propicia con la envergadura de la obra. Entonces el costo previsto se disparó a 220 millones de dólares.
En la presidencia de Funes la constructora Astaldi notificó al gobierno de Funes que había encontrado “imprevistos imprevisibles” en la margen derecha de la montaña donde se asentaría el dique de la presa obligando a la suspensión indefinida de los trabajos. Para entonces la obr4a no había logrado ni el 33 por ciento de avance. Estos problemas supuestamente se agravaron con la tormenta Agatha de mayo de 2010 que también obligó a detener los trabajos.
El contrato que CEL y Astaldi firmaron era llave en mano, es decir, que no se podían hacer modificaciones ni pagar costos adicionales y, en cambio, el contratista debía asumir costos adicionales y nuevos diseños si de verdad existiera un caso extremo.
La autónoma rechazó que hubiera problemas en las márgenes de la montaña. El 12 de agosto de 2010 Jaime Contreras, entonces coordinador de proyectos de CEL, mandó una carta a Mario Pieragostini, apoderado de Astaldi, en la que le señala que no existían evidencias que sustentaran la suspensión de los trabajos en el sitio de la obra. Una publicación de El Diario de Hoy dice que Contreras cuestionó a Astaldi: “Los reclamos presentados no son procedentes en vista de que no cuentan con los sustentos técnicos que puedan confirmar los argumentos en que se basan y no demuestran la concurrencia de razones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito”.
En este zipizape, sin embargo, surgió de pronto un arreglo que nadie previó por ninguna parte: la administración de Funes decidió pagar 28 millones de dólares a la multinacional italiana, acuerdo anunciado el 20 de julio de 2012, a lo que se sumó los 108.5 millones de dólares anteriormente pagados, por un nivel de avance que no correspondía con la realidad física de la obra. En total fueron 136.5 millones de dólares que Astaldi se llevó a la bolsa.
En octubre de 2013 la Fiscalía General de la República anunció que estaba investigado el acuerdo entre CEL y Astaldi. En esos días Funes se lanzó contra Luis Martínez, entonces fiscal general y dijo que no había “nada que investigar”.
Unos meses antes de terminar su mandato, Funes defendió una y otra vez el supuesto arreglo amistoso con Astaldi justificando que de no haberlo hecho así el gobierno habría tenido que enfrentar un litigio internacional que hubiese sido mucho más lesivo para los intereses nacionales. “¿Cuál es el delito? Si el presidente de la CEL (entonces Leopoldo Samour) no recurre a la negociación directa, inmediatamente Astaldi se va a un arbitraje”, cuestionó el ahora exgobernante asilado en Nicaragua. Pidió mejor centrar la atención en el caso CEL/Enel, al que calificó de “la verdadera estafa” para el Estado salvadoreño.
La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) establece, sin embargo, que no puede pagarse más de lo establecido en el contrato y que la obra solo puede ser entregada hasta ser finalizada.
Seis días después de firmado el contrato directo entre Astaldi y CEL, Mecafé creó, a través del despacho Mossack Fonseca, Rayne Services, una de las sociedades que transfirió parte de los sobornos al Banco Hipotecario.
El 4 de enero de 2019 la Fiscalía General presentó en el Juzgado Noveno de Paz la acusación contra Funes por el caso El Chaparral. Una de las conclusiones es que una parte del millonario soborno fue invertido en la creación y equipamiento de Latin America Spa, es decir, en el montaje de la empresa de masajes, peluquería y similares de la compañera de vida del exmandatario. Con ese dinero también fueron comprados dos locales en las zonas más exclusiva del país: en la colonia Maquilishuat, donde directamente funcionaba en negocio, y en Sierras de Santa Elena, donde vivía Guzmán Sigüenza.
A mediados de octubre de 2018 Douglas Meléndez, entonces fiscal general, dio a conocer que había girado una nueva orden de detención contra Mauricio Funes por el pago de hasta 1.5 millones de dólares en sobornos al exfiscal Martínez para que no lo investigara por su presunta corrupción en el caso El Chaparral y por los pactos oscuros en la tregua entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).
Mensualmente su antecesor en la Fiscalía recibió entre 10 y 20 mil dólares, además de tres vehículos lujosos y el pago de 92 viajes al extranjero incluyendo onerosos viáticos. Presuntamente Martínez ocultó el dinero en una cuenta de la institución que entonces administraba.
Funes se ha convertido en el exfuncionario que más cargos penales enfrenta. El primero por el que fue acusado es conocido como Saqueo Público en el que es señalado por la supuesta sustracción ilegal de 351 millones de dólares de los fondos del Estado; de esa cantidad, 292 millones de dólares fueron movidos en efectivo y en bolsas que les entregaba el Banco Hipotecario.
El otro caso por el que está siendo acusado es el conocido como Corruptela en el que es señalado por el pago de sobornos al entonces fiscal Martínez.
También es imputado por la divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que terminó en la acusación contra el expresidente Francisco Flores por el desvío de 15 millones de dólares de la cooperación de Taiwán de los cuales 10 millones de dólares terminaron en las cuentas de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) entre los años 2003 y 2004, es decir, en la época de la campaña presidencial de Elías Antonio Saca.
Es, asimismo, imputado por evadir 271 mil 857 dólares del Impuesto Sobre la Renta y de evadir 85 mil 157 de otros impuestos.
En febrero de este año la Fiscalía también comenzó a investigarlo por supuesta compra de diputados.