El Salvador
domingo 24 de noviembre de 2024

Demanda a secretario particular de expresidente Saca por enriquecimiento ilícito

por Redacción


Corte Suprema de Justicia encontró depósitos desproporcionados en cuentas bancarias, que el exfuncionario no pudo justificar.

La Fiscalía General de la República demandó este martes por enriquecimiento ilícito a Carlos Rosales Franco, quien fuera secretario particular durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), por no justificar un crecimiento patrimonial al dejar sus funciones.

La demanda fue interpuesta ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, la cual deberá seguir el juicio civil contra el exfuncionario, el cual fue ordenado el pasado 30 de mayo, por votación casi unánime del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según explicó la fiscal del caso, Rosales Franco fue enviado a juicio por no justificar un crecimiento patrimonial en su núcleo familiar de $481,984.46. La demanda también incluye a Leonor Morales Luna, esposa del exsecretario.

La fiscal señaló que 13 de las 15 anomalías detectadas por la Sección de Probidad atañen a Rosales Franco, mientras que las dos restantes corresponden a su esposa. Es así que el enriquecimiento ilícito achacado al exsecretario es de $467, 794.86, mientras que Leonor Morales Luna no pudo justificar $14,189.60.

Las anomalías señaladas corresponden a depósitos bancarios de origen incierto y pagos por gastos exorbitantes de tarjetas de crédito, de acuerdo con las investigaciones de la Sección de Probidad.

Otros miembros del gabinete de Saca, como el expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jorge Hernández Isussi; el exministro de Seguridad Pública, René Figueroa y el exsecretario privado, Elmer Charlaix, han sido enviados a juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito.

El mismo expresidente Saca se encuentra a la espera de enfrentar su propio juicio civil por enriquecimiento ilícito y además cumple una condena de 10 años de cárcel por un desfalco de más de $300 millones del erario público, que fueron desviados mediante empresas de personas de confianza.